Miembros de las diferentes organizaciones del país acordaron no comprar en los Súper 99, no consumir productos de la empresa licorera Varela Hermanos y de todos los establecimientos comerciales que pertenezcan a un funcionario del Gobierno, como medida de presión por la recién aprobada Ley 177 y la revocatoria de la "Ley del Carcelazo".
Los grupos, que anoche se reunieron en una asamblea realizada en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá, anunciaron que marcharán el jueves, a las cuatro de la tarde, hacia la Presidencia de la República, para entregar un pliego de peticiones y, de no recibir respuestas, podrían abocarse a una huelga general.
También aprobaron acompañar a la Fundación Humanistas y de Medio Ambiente a una marcha organizada para hoy, que partirá a las 5 de la tarde desde la Iglesia del Carmen hacia el Parque Urracá, donde se hará una vigilia y acompañar, y recibir el lunes a los indígenas y campesinos que vienen del interior en protesta por la construcción de hidroeléctricas y la explotación minera.
Horas antes, el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FRENADESSO) había hecho un llamado a diferentes sectores de la población a unir fuerzas y rechazar el proyecto de Ley “9 en 1” que presentó el Ejecutivo.
El dirigente Saúl Méndez expresó que esta es una “lucha de resistencia popular”, donde toda la ciudadanía debe formar parte para “embestir” la “política fascista” que existe en el país.
Sostuvo que el Gobierno quiere tomarse el país, “rompiendo el desequilibrio social e imponiendo condiciones arcaicas superadas”.
Los dirigentes también rechazaron las modificaciones de la ley ambientalista, ante la gran cantidad de proyectos hidroeléctricos y explotaciones mineras que se quieren realizar.
Esta norma establece que el Ejecutivo puede declarar obras de interés social, sin tener que realizar un estudio de impacto ambiental .
Por su parte, el dirigente magisterial, Mario Almanza, instó a los docentes a que apoyen la medida para acabar con la “burla hacia el pueblo”.
“No le hemos dado un cheque en blanco al Presidente de la República para que se burle de todos los trabajadores”, expresó.
Posición. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) también comunicó su posición ante el llamado de protesta.
“Todos los ciudadanos tenemos derecho en democracia a manifestarnos en forma pacífica, siempre y cuando no afecte a terceros”, destaca el documento.
Reiteró el rechazo a la forma en que la ley fue presentada y discutida en la Asamblea Nacional de Diputados, por lo que se une a las voces que solicitan el veto de la misma.
Por su parte, Gaspar García de Paredes, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), dijo que la ciudadanía tiene derecho a expresar su opinión cuando lo considere conveniente o no.
Manifestó que la forma en que fue aprobada la propuesta dista mucho de mantener la armonía en la ciudadanía.
