El ex director de la Autoridad Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Carlos Harris, solicitó ayer al procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, que separe de su cargo a la fiscal primera Anticorrupción, Cecilia López, para que sea investigada por su actuación presuntamente "premeditada y malintencionada" en su contra, al haber "alterado y falsificado" un documento público.
En un escrito de queja, Harris le indica al procurador Sossa que la fiscal López alteró y falsificó la Resolución fechada 24 de mayo del 2001, proferida por ella, dentro de las sumarias en averiguación por la querella presentada por la Contraloría General de la República, por supuestas irregularidades en la ATTT, la cual dispone indagarlo por los delitos de abuso de autoridad, violación de los derechos de funcionario público y falsedad de documento público.
Según Harris, al presentarse el 30 de mayo de 2001 a la Fiscalía Primera Anticorrupción, para otorgarle el respectivo poder especial y solicitar copia de la resolución cuestionada, la misma le fue negada "por estarse fotocopiando fuera del despacho", siendo entregada a las tres y treinta de la tarde.
"Señor Procurador, al proceder a la lectura del mencionado documento nos percatamos de irregularidades graves, temerarias y evidentemente malintencionadas por parte de la agente instructora, cuya conducta estimo tienen intenciones manifiestas de perjudicarnos", subrayó Harris.
Agregó que en la cuestionada resolución se cita la declaración jurada de Ernesto Torres Díaz, como parte del razonamiento para sustentar su decisión, pero que tal como consta en el expediente que contiene las sumarias aludidas, el precitado Torres rindió su declaración jurada el 20 de mayo de 2001, es decir, cinco días después de haber sido presentado el documento público.
"Señor Procurador, en mi opinión la figura que se nos pretende imputar de falsificación ideológica de documento público, que en parte se sustenta en las declaraciones del precitado Torres, fue traída al proceso con la única intención de poder ordenar una detención preventiva en nuestra contra, dado que después de dos meses no podían, de acuerdo con el contenido del expediente, aplicar esa medida", puntualizó Harris.
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