La imposibilidad de aplicar sanciones por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre a quienes prestaban el servicio colectivo y la necesidad de realizar cambios para mejorar las normas de calidad fue informado al entonces ministro de Gobierno, Héctor Alemán y a la viceministra Olga Gólcher, en octubre del 2005.
En la declaración jurada realizada por el ex director de la ATTT, Angelino Harris, ante la Fiscalía Primera de Circuito pone de manifiestos que presentó a sus superiores la necesidad de ampliar el menú de causales de cancelación de los certificados de operación al transporte colectivo.
Torrijos expresó que "dentro del proceso de modernización si se mejora el transporte, los usuarios están dispuestos a pagar un mejor servicio". "Si no podemos resolver lo básico, es muy difícil de hablar de tarifas", puntualizó Torrijos.
Aunque el encuentro se realizó en privado, un comunicado de la Presidencia de la República informó que "los transportistas tienen que ser parte del proceso de modernización del servicio público de transporte de pasajeros porque éste no es un proceso excluyente".
Según el comunicado, el diálogo generó compromisos mutuos y sentó bases concretas para cumplir con la demanda de la ciudadanía de modernizar un servicio que diariamente utiliza distintas rutas para movilizar a miles de personas entre sus hogares y puestos de trabajo.
Frente a esto, el Comité de Usuarios 23 de Octubre pidió públicamente al presidente que le brinde la misma atención que a los transportistas, la próxima semana.
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