Los números no deberían sorprender a nadie. El Tribunal de Cuentas ha confirmado lesión patrimonial contra el Estado panameño en unas 221 investigaciones realizadas entre 2009 y el 15 de agosto de 2011.
En total la institución ha emitido resoluciones de reparos contra el Estado por 21.2 millones de dólares desde que se creó en 2009, en reemplazo de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial.
De este total, 27 resoluciones de reparos fueron emitidas entre enero y agosto de este año por un millón 171 mil dólares.
En este periodo también se emitieron 62 medidas cautelares, entre ellas la aplicada al representante de Calidonia, Ramón Ashby Chial, por posibles irregularidades en el manejo de 505 mil 335 dólares que pertenecían a la Junta Comunal de ese corregimiento.
En este caso, una auditoría especial, incluida como parte del fallo del Tribunal de Cuentas, detectó una serie de desembolsos no justificados en la Junta Comunal de Calidonia y siete contratos no refrendados por la Contraloría por la suma de 49,450 dólares a favor de Ramón Ashby Saldarriaga, padre del representante de Calidonia.
La cautelación contra el representante Ashby incluye cuentas bancarias, una finca en la ciudad de Panamá, un auto Hyundai, modelo Sonata, y otro Honda, modelo Accord.
El año pasado el tribunal pudo concluir 54 casos, estableciendo condena contra 98 personas que debieron reponer al Estado un millón 965,000 dólares. Además se dictaron 104 cautelaciones de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias de personas naturales y jurídicas involucradas en los procesos por 7.2 millones de dólares.
La entidad también ordenó, en 2010, unos 74 llamamientos a juicio contra 254 personas que habían cometido irregularidades que afectaron al Estado en 4.6 millones de dólares.
Entre los expedientes que siguen abiertos por procesos de ampliación, están los casos de alto perfil como los contratos para la remoción de la fibra de vidrio en las escuelas públicas, la concesión de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC) por 18.4 millones de dólares, el desfalcoPronavi-Banco Nacional por 12.1 millones de dólares y otro relacionado a la Caja de Ahorros por supuestos daños contra el Estado, que ascienden a 4.1 millones de dólares.
El magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Álvaro Visueti, señaló que debido a la estrecha coordinación con la Contraloría General de la República se han logrado impulsar los procesos patrimoniales en beneficio del Estado panameño.
“Actualmente realizamos un esfuerzo por modernizar tecnológicamente la entidad, adquiriendo una solución que nos permite digitalizar los procesos patrimoniales y ofreciendo al usuario una herramienta tecnológica de fácil acceso”, destacó Visueti.
