Unas sesenta personas han sido condenadas por cambio de residencia doloso para favorecer a determinados candidatos, informó ayer, el Fiscal Electoral, Gerardo Solís. "A nivel de todo el país el ciudadano común y corriente se está prestando como tonto útil de los políticos", acotó. Precisó que las investigaciones están continuando y se están recogiendo pruebas para dar con los cambios de residencia para favorecer a determinados candidato.
Detalló que las personas tienen hasta el 30 de abril para hacer sus cambios de residencia y así poder votar en las nuevas circunscripciones electorales. Planteó que un centenar de personas están siendo investigadas porque se han prestado para apoyar a algunos candidatos.
"Estamos pidiendo el llamamiento a juicio y es importante ver como han ido aumentando los casos, por lo que quisiéramos hacerle un llamado a la ciudadanía para que no se presten para declarar residencias donde no viven y actualicen dónde realmente es", añadió. Puntualizó que esto constituye un delito electoral castigable, con 500 días multas y al instigador se les dobla hasta mil.
Otro reclamo proviene de los docentes orientadores graduados en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá, quienes pese a sus títulos denuncian que no se les ha hecho justicia y se ha nombrado a otras personas.
Al ser entrevistado el profesor Francisco Rojas, director del Departamento de Orientación Educativa y Profesional, manifestó que desde años anteriores y amparados en la Ley No. 34 los egresados de la carrera de Orientación deben tener prioridad en los nombramientos. El concurso en estas categorías está impugnado y según indicaron algunos educadores afectados, el día lunes protestarán ante las instalaciones de la Junta de Personal hasta que se resuelvan legalmente sus casos.
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