Hay disposición para mejorar plan nacional de desarrollo

DIPUTADOS DE diversas bancadas legislativas aseguraron estar dispuestos a aprobar por ley un Plan Nacional de Desarrollo si el Ejecutivo remite el proyecto a la Asamblea Nacional luego que se logre un consenso entre quienes participen en el diálogo para elaborar este documento.
La respuesta de los diputados surge luego que Enrique De Obarrio presidente de la agrupación Así Sí y expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) señalara que es necesario que a este Plan Nacional de Desarrollo se le dé carácter legal para que sea cumplido estrictamente.
En este sentido, el diputado perredista Raúl Rodríguez quien preside la Comisión de Gobierno y Justicia, indicó que un Plan Nacional de Desarrollo debe proceder del Ejecutivo y si el Gabinete la aprueba y lo remite a la Asamblea los diputados estarían la disponibilidad de aprobarlo.
Manifestó que un plan de este tipo no puede surgir por iniciativa de la Asamblea porque este involucra aspectos económicos y orgánicos, y todo esto por ley le corresponde al Ejecutivo presentarlo y aprobarlo.
Al ser consultado sobre el tema, el diputado del Partido Popular, Jorge Hernán Rubio precisó que no se debe poner la carreta delante de los bueyes, y enfatizó que lo primero que se tiene que hacer es lograr un consenso a nivel nacional entre todas las fuerzas sociales y políticas del país.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Panameñista, Alcibíades Vásquez, sostuvo que un Plan Nacional de Desarrollo consensuado por todas las parte comprometería a futuros gobiernos a cumplir con lo que allí se establece y se evitaría que cada cinco años con un nuevo gobierno se implementen nuevas medidas.
"Estamos de acuerdo que se convierta en ley, siempre y cuando sea un plan consultado y no impuesto, añadió Vásquez.
En este caso, la extinción de dominio permitiría al Estado rematar el bien y los fondos pasarían a la cuenta del Tesoro Nacional, sin necesidad de esperar a la conclusión del expediente principal.
La legislación que será presentada por el Ministerio Público es similar a la Ley 793 que se utiliza en Colombia para perseguir los carteles dedicados al tráfico de drogas.
El 27 de diciembre de 2002 el presidente colombiano, Alvaro Uribe, sancionó la Ley 793 por la cual se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio para bienes provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico, la corrupción y el secuestro.