Las quejas por la supuesta existencia de justicia selectiva en las investigaciones que sigue el Ministerio Público por los casos de crrupción en contra de funcionarios del gobierno anterior ya no son exclusivas de los abogados defensores, ahora reconocidos jurisconsultos se han sumado a estas voces de protestas.
Tal es el caso del ex defensor del pueblo Ítalo Antinori, quien considera que en los procesos que se están investigando por corrupción de la administración pasada, se les está aplicando a unos medidas cautelares más flexibles que a otros, a pesar de que están señalados en el mismo proceso y por los mismos delitos. “Tengo que ser absolutamente sincero, me parece que hay justicia selectiva porque no hay igualdad de trato para todas las personas que están dentro de un proceso”, dijo Antinori. El ex defensor del pueblo puso como ejemplo el caso de la comida deshidratada en el que Ángel Famiglieti, jefe de nutrición en el PAN, está con detención preventiva, mientras que su jefe, Giacomo Tamburrelli, el exdirector de la entidad, quien firmó el contrato, recibió una medida más flexible de casa por cárcel.
Mientras, el penalista y doctor en derecho Silvio Guerra también cuestionó el hecho de la supuesta existencia de justicia selectiva, al señalar que en estos procesos que se investigan en el Ministerio Público da la impresión de que en algunos casos la dama de la justicia se levanta el velo de los ojos para saber de quién se trata.
En el caso de la comida deshidratada hay unas ocho personas imputadas; y de ellas Famiglieti es el único detenido, los otros siete imputados, con excepción de Tamburrelli, tienen medida cautelar de país por cárcel. La semana pasada, la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada remitió la vista fiscal del caso de espionaje telefónico ante el tribunal competente. Se solicitó llamamiento a juicio contra Alejandro Garuz, Gustavo Pérez y los agentes de inteligencia Ronny Rodríguez y William Pittí. El abogado Roiner Ortiz, defensor de Gustavo Pérez, aseguró que hay otros exdirectores del Consejo de Seguridad que no han sido llamados y otros agentes de inteligencia que fueron directamente señalados por las pruebas encontradas.
Por otro lado, han surgido fuertes cuestionamientos en contra del Ministerio Público por la destitución de fiscales bajo el argumento de que son funcionarios de libre nombramiento y remoción.
La procuradora general de la nación, Kenia Porcell, reconoció que removió de su cargo al fiscal Sofanor Espinosa porque se trata de un funcionario que tenía estas condiciones.
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