La secretaria Ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, dijo que su agrupación apoyó en la Comisión Técnica del Pacto de Estado por la Justicia los avances en este tema, debido a que la calumnia e injuria en la actualidad han sido utilizadas para "obstaculizar" la acción de los medios de comunicación contra los hechos de corrupción.
"Lo conveniente es eliminar la restricción que existe actualmente, para que los periodistas puedan investigar y denunciar hechos de corrupción, que sean conocidos por la opinión pública, y aclarados a través de los medios", indicó Castillo.
Para la entrevistada la actitud de los denunciantes ha servido como acción de amenaza contra los periodistas, quienes están revelando hechos de corrupción, por lo que se constituye en un obstáculo a la lucha que se ha emprendido.
La jurista abogó porque se efectué una revisión de la ley, además le parece correcta la propuesta de la Comisión Técnica de despenalizar la calumnia e injuria, cuando se profiera contra servidores públicos.
"En este caso lo que debe imperar es el deber del funcionario de rendir cuentas a los ciudadanos, de aclarar todos los hechos relativos a un escándalo, a una denuncia de corrupción o de incumplimiento, y lo que debe operar por encima de su derecho a la reputación es la obligación que tiene de rendir cuentas a la colectividad".
Castillo aclaró que en el caso donde se demuestre que la denuncia de un medio, de un periodista o de un ciudadano, es dolosa, o se hace con la intención de hacer daño al funcionario a sabiendas que no ha incurrido contra sus funciones como servidor, entonces debe efectuarse el proceso.
Por su parte, el ex presidente del Colegio de Abogados, Carlos Alberto Vásquez, opinó que las sugerencias que surjan de todos los sectores tienen que ser valoradas, tomando en cuenta que el Ejecutivo en el 2004 se abocó a excluir la posibilidad que los funcionarios sancionaran las supuestas faltas u ofensas hechas a su condición de servidores.
"Hay que analizar si resulta conveniente despenalizar las conductas de calumnia o injuria, si los supuestos ofendidos son servidores públicos o personas que en alguna forma tienen una relación directa con la administración pública", sostuvo.
Para la Defensoría el proceso de calumnia e injuria sirve sólo para "tratar de secar las tintas de las plumas o para tratar de acallar las voces de denuncia".
Debe haber un profundo entendimiento y análisis para que no se incurra en la inconstitucionalidad, estimó el ex presidente del gremio de abogados.
Abogan para que se lleve a cabo una revisión de la ley sobre este tema.
