Como "urgente" calificó el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, garantizar que el derecho alimentario sea una política de Estado, toda vez que las estadísticas aún indican que en Panamá el 40% de la población vive en la pobreza, mientras que un 90% de los pueblos indígenas son extremadamente pobres.
Las declaraciones del ombudsman se dan en el marco de la promoción por parte de la Defensoría, para que Panamá adopte las Directrices Voluntarias aprobadas por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como un instrumento práctico que busque garantizar la alimentación de los panameños.
"Con la adopción de las Directrices Voluntarias de la FAO, el mundo dispone ahora de recomendaciones concretas y prácticas sobre el modo de aplicar buenas políticas de seguridad alimentaria en el marco de los derechos humanos", puntualizó Vargas.
El Día Mundial de la Alimentación se celebra el próximo 16 de octubre.
