Los responsables de la agresión a familiares y afectados por la intoxicación con dietilenglicol deben responder por los hechos.
Así lo advirtió ayer el obispo Pablo Morales, en nombre de Comité Ecuménico de Panamá, agregando que "si no se es capaz de dirigir los asuntos públicos adecuadamente, entonces hay que pedir cuentas".
Según dijo Morales, "vemos con preocupación que estas cosas sucedan, que se use la fuerza excesiva con personas inconformes porque van y no se les atiende".
"Los afectados reclaman lo justo y merecen que se les atienda de forma oportuna", reiteró.
Al respecto, el presidente Martín Torrijos ordenó abrir un proceso para deslindar responsabilidades, pero inicialmente en laComisión Especial que investigará y analizará la actuación de los miembros del SPI, nombró a su director, José Gómez.
Al conocer la noticia, esto causó disgusto en el grupo, no sólo porque "Gómez sería juez y parte", sino que vio de frente los hechos.
Pero, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, medió, y al final se optó porque la Comisión la encabece José Pío Castillero, director de Asesoría Legal de la Presidencia
Vargas también entregó el pliego del grupo, que pide reconocer a los más de 300 supuestos afectados, se indemnice justamente a los convalecientes, y se juzgue y penalice a los responsables directos e indirectos, entre otras, como la destitución del ministro de Salud y el director de la CSS.
