El legislador Miguel Bush acusó al Organo Judicial de practicar una justicia selectiva porque el amparo de garantías que presentó en el caso de la cautelación de la Cantera de Cerro La Moña hace dos años, era similar al que sustentó el ex presidente Ernesto Pérez Balladares en su reciente controversia con el contralor de la República. Sin embargo, el suyo no fue admitido por la corporación.
Según Bush, la Corte tiene como patrón que cuando la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) viola el debido proceso, se acoge el amparo de garantías constitucionales presentado por el afectado, pero en su caso se hizo una excepción.
Precisó que el magistrado ponente en su amparo de garantías constitucionales, como en el que presentó el ex mandatario Pérez Balladares, fue el magistrado César Pereira Burgos, actual presidente de la Corte.
La DRP ordenó la cautelación de los bienes ubicados en la Cantera de Cerro La Moña, en Colón, propiedad del legislador Bush porque presuntamente se cometía lesión patrimonial al extraer minerales sin contar con el debido instrumento jurídico adecuado para esa actividad.
Ante esa medida, el abogado de Bush, Carlos Carrillo, presentó un amparo de garantías constitucionales en enero del 2002 contra esa medida de la DRP y el mismo fue resuelto por la Corte Suprema seis meses después.
Explicó Bush que en su caso la DRP violó el debido proceso porque no especificó la cuantía de la lesión patrimonial y ordenó la cautelación de los bienes.
Destacó que nunca hubo un informe de antecedentes que indicara que el legislador estaba realizando la actividad ilegalmente.
Otro hecho que apunta Bush es que el allanamiento fue realizado sin que existiera orden para esa diligencia y nunca se le mostró ni notificó.
Indicó que en su condición de legislador de la República el último párrafo del artículo 149 de la Constitución Nacional señala que contra los legisladores no pueden decretarse secuestros u otras medidas cautelares sobre su patrimonio mientras dure en el cargo de elección popular.
Destacó que presentó un recurso de nulidad contra la medida de la CSJ, desde hace dos años y la petición no ha sido resuelta por los magistrados de esa corporación.
No obstante, destacó Bush que el caso del ex presidente Pérez Balladares en menos de una semana fue atendido y resuelto por la Corte. " Será porque yo no tengo los millones que tiene Pérez Balladares", mencionó el legislador. Explicó que en la Corte hay antecedentes de fallos que consagran los derechos constitucionales de los legisladores cuando son objeto de demandas.
En el caso de la Cantera La Moña, el pleno de la Corte consideró que no cabe amparo de garantías constitucionales contra las medidas cautelares.
