El secretario general de la Universidad de Panamá Edbergt Wederborne anunció que el Consejo Académico de la Universidad de Panamá nombró como ciudadanos non grato a el Gobernador de la provincia de Panamá, el perredista Eduardo Herrera y al jefe de la Policía Metropolitana, Luis Gordón, quienes aseguró ordenaron y permitieron el ingreso a los predios universitarios de los antimotines el pasado mes de diciembre, violando con ello autonomía que por ley acoge al campus universitario.
Según Wederborne, las autoridades universitarias cuentan con la notificación emitida por Herrera, en la que autorizó la incursión policial en la Universidad de Panamá, prohibiéndole además la entrada a este centro al jefe de la Policía Metropolitana, Luis Gordón, quien aseguró dirigió a los antimotines durante la incursión que violó la autonomía universitaria.
Trascendió que la decisión del Consejo Académico de la Universidad de Panamá fue avalada por la Junta de Facultades.
Esta resolución, dijo Wederborne, también prohibe que ambos funcionarios ingresen al campus en calidad de docentes o educandos e informó que el gobernador Herrera no es egresado de la Universidad de Panamá.
Mientras, Rolando Murgas, vicerrector académico de este centro de estudios, recordó al gobierno que la autonomía de la Universidad es inviolable y expresó que este tipo de represión fue innecesaria, ya que existen gremios que se manifiestan en las calles al igual como lo hicieron los estudiantes universitarios.
Dijo que las autoridades universitarias esperarán que la justicia panameña emita un fallo en contra de los implicados y anunció que posterior a ello se reunirán para tomar una determinación, a fin de no dejar impune la violación a la que fue objeto la autonomía que los ampara legalmente.
Enfatizó que la Universidad realiza esfuerzos para que las protestas de los estudiantes mermen y no lleguen a los extremos, pero advirtió que debe existir un grado de tolerancia cívica y sin que se incurra nuevamente en este tipo de violaciones.
Las protestas estudiantiles son necesarias, arguyó Murgas, quien además expresó que las mismas son el reflejo de lo que acontece en el país.
Recalcó que la autonomía universitaria debe ser respetada, ya que a su juicio esta situación fue un ejemplo claro de abuso de autoridad y un acto ilegítimo.
Lo importante no es que se encuentre un culpable, sino que recordar al actual y próximo gobierno que lo que sucedió es ilegal, innecesario y excesivo, apuntó.
"Las autoridades no tienen que la potestad de reprimir para castigar, más bien deben impedir la comisión de un acto", apuntó Murgas, que dijo además que los antimotines no tuvieron necesidad de irrumpir en la Universidad de Panamá.
Por su parte, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Aura Emérita de Villalaz calificó la orden de violación de la autonomía universitaria, por parte del Gobernador de la Provincia de Panamá, Eduardo Herrera Cedeño, como "una acción de conducta irregular, que llega al campo de lo ilícito y delictivo".
Indicó que es necesario saber manejar un caso como este, ya que a la hora de buscar responsables se puede caer en un vació, y "llamar hasta los que dispararon", por eso el derecho penal en este caso debe ser mesuradamente restrictivo.
Por otro lado agregó que según la ley, le corresponde al Organo Judicial ordenar la suspensión de Herrera Cedeño, pero por ahora sólo hay una emisión de concepto, la cual fue hecha por la Fiscal, Guillermina Mcdonalds.
La funcionaria dijo que le toco ver cómo unidades antimotines entraron hasta el baño de mujeres de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Panamá y sacaron del mismo a una de sus alumnas, la que fue empujada, arrastrada y marcada con moretones durante el hecho.
Sugirió que en este tipo de casos se debe aplicar el llamado Derecho Penal Mínimo, lo que se traduce en ir exactamente a los responsables de los sucedido en la primera casa de estudio el año pasado.
La exfuncionaria dejo entrever que cabe la posibilidad de llamar al Director de la Policía Nacional, al mismo juicio que el Gobernador.
Por su parte Eduardo Herrera, aseguró que fue el Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, quien al darse cuenta que perdía el control de la situación, solicitó la intervención de los antimotines.
Insistió que el llamamiento a juicio por la Fiscal, Guillermina Mcdonalds no se fundamenta en la realidad de los hechos suscitados durante los días de protesta protagonizados por los estudiantes de la Universidad de Panamá.
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