Histórica condena a directivos del BANAICO

El Juzgado Decimosegundo condenó a los directivos del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO) a penas de ocho, siete y tres años de prisión, así como a pagar B/.1.9 millón al Banco Nacional de Panamá, por diversos delitos, entre ellos, el delito de estafa en contra de los cuentahabientes de la entidad.
El juez encargado, Manuel Correa, aplicó una pena de ocho años de prisión al presidente del BANAICO, Manuel Salvador Morales; de siete a Bruno Bemporad, Maritza Ramos de Mattaden e Irasema Subía, por los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir y falsedad de documento en perjuicio de los cuentahabientes del banco.
También dispuso el decomiso de una finca propiedad de Subía, ubicada en Altos del Golf, luego de establecer que había sido adquirida con fondos del BANAICO y que la sindicada nunca pudo establecer la procedencia del dinero con que la compró.
En el fallo se establece que debido al estado financiero del BANAICO, ocurrió un desfase en la cámara de compensación del Banco Nacional de Panamá, que le acarreó pérdidas por la suma de B/.1.9 millón, que debe ser retribuida a esa institución bancaria.
Por su parte, la fiscal segunda anticorrupción, Cecilia López, dijo estar satisfecha con la sanción impuesta por el tribunal y señaló que el fallo se convierte en un precedente, porque es la primera condena en Panamá por una quiebra bancaria fraudulenta.
Agregó que esta sanción permite hacer justicia a los cuentahabientes del BANAICO que fueron estafados por las actividades irregulares cometidas con sus fondos y que a la postre les causaron graves pérdidas económicas.
La quiebra del BANAICO fue decretada en enero de 1996, luego que se detectara un desgreño administrativo por acciones dolosas que obligaron a la apertura de una investigación que culminó con un llamamiento a juicio de sus principales directivos.
La sentencia establece que los directivos del banco permitieron una serie de operaciones bancarias engañosas, prohibidas y sin documentación alguna y otras amparadas con documentación falsa que daban la apariencia de solvencia económica.
A la vez se estableció que los directivos crearon una gran cantidad de sociedades anónimas a las cuales les otorgaban préstamos sin ninguna garantía y se le adjudicaban fincas producto de remates por deudas irrecuperables, lo que le generaba pérdidas.