La Caja de Ahorros experimenta este año un histórico superávit de B/.12 millones, debido a la incursión en diferentes actividades comerciales, informó su gerente Mercedes Villalaz García.
Al cierre del mes de noviembre, el saldo de depósitos recibidos era de B/.703 millones, lo que representó un incremento de 10% en comparación a los montos recibidos en el mismo mes del año 2002, agregó.
Villalaz dijo que este año había B/.15.7 millones en cuentas de ahorro navideño que fueron entregadas a sus propietarios a principios del mes de diciembre, lo que contribuyó a dinamizar la economía nacional.
En esa primera vuelta, 2001 al 2002, el legislador Torres fue muy receptivo a los cambios y se aprobó en primer debate, luego de los cambios. Para abril del 2002, pasa a una segunda etapa y en medio de "posiciones muy radicales a favor y en contra", llega a una tercera.
Sucre asegura que ese proyecto hubiese "cumplido su función" para Coiba pero lamentablemente unos meses después fue vetado, lo que atribuye tal vez a una lectura rápida. Se partió nuevamente de cero con la idea de correr mejor suerte esta vez.
Arrancando enero y con Héctor Aparicio al frente de la Comisión de Ambiente, los proponentes se disponen de nuevo para el combate, ahora con el apoyo de organizaciones no gubernamentales (ONGs) como la Fundación MarViva.
Entonces lo inesperado ocurrió. En abril aparece sorpresivamente un proyecto de ley a título ministerial que era algo así como un "engendro", como lo califica Sucre, en el que se nombra una comisión de ministros que dirigiría los destinos del área. Este proyecto generó una enorme oposición, fue presentado pero no debatido porque "era tan malo que no valía la pena".
El Ejecutivo sin decirlo abiertamente, se retractó. El 11 de junio se aprobó entonces una versión del primer proyecto que costó "sudor, sangre y lágrimas" por el debate diario y las pugnas debido a la gobernación del parque.
Adicionalmente fue incluido otro aspecto que involucró la presencia de nuevos actores en el debate. Se trata de la ampliación del parque.
El 30 de junio terminaba el periodo de sesiones y en las últimas horas varios legisladores "metieron su cuchara", algunos mal informados y otros aparentemente "defendiendo intereses pesqueros" para hacer cambios que desvirtuaban el proyecto, pero a pesar de ello se aprobó en segundo debate después de la medianoche, lo que impidió su aprobación en último debate.
Sucre y los directivos de MarViva se sienten satisfechos con lo que está siendo estudiado en estos momentos, aunque reconocen que "la pesadilla de todo lo anterior los lleva a acercarse con gran cautela al segundo debate porque es un año político y el nivel de atención de los legisladores es mucho más bajo que hace unos meses". Es un proyecto complicado, admite Sucre, pero el éxito está en los detalles.
Esta vez no quieren sorpresas, por lo que puntos como la pesca han tornado aún más delicadas las discusiones.
"Debe quedar claro que la idea no es prohibir la pesca en la región", advierte la abogada Maité González, de MarViva, quien ha seguido de cerca el proyecto.
Al respecto, señala que la norma que regula en Panamá la pesca es un decreto de 1959 en el que no se habla de pesca artesanal sino de subsistencia e industrial.
La primera implica una actividad económica en menor escala que la industrial, en ella el pescador comerciará el resultado, mientras que la de subsistencia es aquella cuyo producto es para el consumo de un día en una familia.
Contrario a lo que se piensa, aclara González, la norma garantizará la pesca artesanal, sujeta a restricciones que vienen dadas en el plan de manejo con fundamentos en criterios técnicos, donde incluso se define cada categoría.
Al hablar de artesanal se mencionan aparejos como mallas, redes y se diferencia de la de subsistencia por las dimensiones del barco, entre otros aspectos.
Por su parte, Sucre añade que varios estudios han demostrado que la reservas marinas bien protegidas son garantía de buena pesca para los mares vecinos y "es eso lo que intentamos".
La pesca indiscriminada está limitando la capacidad de los lugareños de sostener su forma de vida indefinidamente porque significa que "acabando ahorita con las especies que ellos pescan, en un futuro no muy lejano se habrá extinguido su forma tradicional de sobrevivencia".
Gian Castillero, directivo de MarViva, coincide plenamente con Sucre y reitera "lo que se quiere es regular la pesca y no prohibirla por completo".
Esta llamada "versión consensuada", subraya Castillero, si habla de prohibiciones cuando se refiere a la construcción de infraestructruras de alto impacto. Sólo se permitirán las de bajo impacto relacionadas con actividades de ecoturismo e investigación científica, según se indique en el plan de manejo".
Esas edificaciones implicarían mano de obra local. Es allí donde entrarían los pescadores de las zonas cercanas a Coiba que son áreas tradicionalmente pobres: Bahía Honda, Puerto Vidal y Pixvae, por ejemplo.
"Esta gente ha ido abandonando su pueblo. Para el censo de 1990 había el doble de habitantes en estos sectores que para el 2000. Si eso está ocurriendo en un distrito costero quiere decir que las condiciones son muy malas".
Es por ello que el desarrollo de las costas incrementaría el número de empleos y "podría venderse al turista la cultura y tradiciones de los pobladores".
