Desde el próximo lunes 30 de junio, cuando por fin se refrende el contrato de traspaso por parte de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, los obreros pasarán a ser los nuevos operarios de la producción bananera en el área de Barú, cuya industria estuvo por más de 50 años bajo la administración de la transnacional Chiquita Brands, que logró convertir la zona en una de más productivas a nivel mundial, al obtener una de los rubros de mayor calidad.
Sin embargo, la producción tuvo altas y bajas, por las múltiples huelgas obreras y otra serie de problemas que provocaron el cierre de departamentos de gran preponderancia, lo que repercutió también en la calidad del rubro que se producía en la región.
La situación interfirió de manera negativa en una serie de perjuicios que se vinieron encima y que se reflejaron cuando gran parte de las 18 fincas que eran administradas por PAFCO tuvieron que ser clausuradas debido a la falta de productividad.
En ese sentido, la transnacional empieza a reflejar más que ventajas, pérdidas que llevaron a la compañía a optar por un cierre y retiro de la zona, al asegurar que no contaban con los recursos financieros para seguir manteniendo la producción en Barú.
En sus inicios la Chiriquí Land Company logró emplear más de cinco mil obreros, pero la huelga de 1998, que se extendió por más de 40 días, convirtiéndose en una de las más grandes en ese sector, trajo como consecuencia el despido de al menos dos mil obreros cuando se cerraron los departamentos de muelles y algunas empacadoras.
En el 2000, nuevamente se presenta el mismo fenómeno que solo duró 10 días, luego que ambas partes lograron un acuerdo para la firma de la nueva convención colectiva.
Esta vez de igual manera surgen nuevas destituciones de al menos unos mil obreros y en la actualidad lograron sobrevivir unos 2,300.
Transcurrieron dos años, sin embargo, PAFCO continuaba asegurando que no podría seguir manteniendo una producción, pues se registraban perdidas para la compañía, por ello en noviembre del 2002 anuncia finalmente su retiro.
Con este pronunciamiento surgen otras alternativas. Es allí cuando los obreros a través de su sindicato y ya con una cooperativa conformada anuncian unos meses más tarde sus aspiraciones de comprar los activos y continuar operando la producción.
De igual manera entran al escenario grupos cooperativos del área de Barú, los cuales igualmente mostraron interés de obtener los activos, lo que provocó toda una polémica, pues SITRACHILCO aseguraba que ellos tenían la primera opción de compra.
Finalmente y luego de muchas conversaciones con el estado y con la empresa, los obreros agremiados en SITRACHILCO logran adjudicarse como nuevos operarios, lo cual dará inicio a partir del próximo mes cuando COOSEMUPAR entre a administrar la industria bananera. Pero PAFCO no quedara solo en el olvido, ya que ha garantizado la compra de la fruta para asegurar por algunos años la comercialización del rubro que será cultivado por los obreros.
El secretario general de SITRACHILCO, y a su vez presidente de la junta directiva de COOSEMUPAR, José Morris, indicó que el traspaso ha sido un proceso bastante complejo, sin embargo, aseguró que no han tenido ningún inconveniente y se espera culmine el próximo lunes con el refrendo.
Posteriormente dijo Morris se procederá con el pago de las prestaciones y los salarios caídos por la huelga en 1998 y en 2000 a los más de 3 mil obreros tanto los que se encuentran laborando y los otros que de igual manera en su tiempo formaron parte de la producción.
Esto asciende en su totalidad a B/.19.8 millones, unos B/.14 millones 800 mil para el pago de las prestaciones y unos B/.5 millones para el reembolso de los salarios caídos por las huelgas.
Antes este nuevo panorama, Franklin Valdés, alcalde del distrito, consideró que para incentivar el aumento de la mano de obra que se perdió hace algunos años los nuevos administradores de la producción debían considerar la reapertura de las fincas que fueron cerradas hace algunos años por parte de la empresa.
Dijo que ahora las expectativas toman otro rumbo, pues quienes por tantos años fueron empleados pasaran a ser empleadores y dueños de una importante industria como lo es la producción bananera.
Por ello, aseguró que ahora más que criticar se tienen que aunar esfuerzos entre todos para que esta nueva operación salga adelante y rinda los frutos que por tanto años han anhelado los moradores del Barú. Sin embargo, según el jurista a los 14 años, un año antes que culmine la concesión, ese 51% de acciones volverá a ser objeto de otra subasta en la cual si la empresa actual ofrece la mayor cantidad mantiene su concesión en el mercado de lo contrario, se le devuelve la suma de la compra de las acciones y se hace un contrato con la nueva empresa por un período de 15 años.
De manera que el sector de las empresas de distribución eléctrica entra en otra categoría de empresa privada al vendérseles el 51% de las acciones mediante una concesión dada por el ERSP, sostuvo Sosa. En este caso consideró que el ERSP debe actuar y no permitir que estas empresas tengan un mayor ingreso neto que una empresa en competencia.
Aseguró que, bajo este régimen, las tarifas pueden ser cambiadas acorde al interés social mediante el ERSP con parámetros fijos y claros y sin que afecte la seguridad jurídica. Por su parte, abogados representantes de algunas de las empresas presentaron sus puntos de vista sobre los contratos ley firmados con el Estado.
Simón Tejeira, de la firma Morgan&Morgan, representante legal de la empresa Panama Ports, manifestó que la seguridad jurídica de los contratos radica en que los contratos son ley entre las partes y algunas disposiciones protegen esta concepción.
A juicio del jurista, los contratos leyes responden a que, en un momento determinado, la Asamblea Legislativa no quería desprenderse de la facultad de representar al Estado en aquellos casos donde era parte de un contrato, pero no por razones de seguridad jurídica sino por la necesidad de un Ente.
Incluso, explicó que, en todos los casos, esos contratos contienen disposiciones que pasan por encima de las leyes vigentes.
"Entonces, por eso se utiliza el mecanismo de la ley y no un acuerdo contractual, porque una ley no puede ser revocada, modificada o alterada", señaló Tejeira.
Adicionalmente el contrato no se celebra con la Asamblea Legislativa sino con la institución o ministerio regente del tema en cuestión.
En tanto, Javier Marrero, director administrativo, financiero y comercial de la empresa de generación eléctrica Bahía Las Minas, sostuvo que desde que se creó la Ley 6 que rige al sector eléctrico se establecieron las reglas y el inversionista, en base a esas reglas del juego, la empresa tomó la decisión de invertir en el país.
Marrero manifestó que uno de los dilemas que produce cierta inseguridad jurídica en las empresas es que el ERSP emite resoluciones a un ritmo promedio de 3 por día y ya suman miles. "Estas resoluciones hablan de absolutamente todo y en muchas ocasiones se contradicen unas a otras, creando fluctuaciones en el marco regulatorio", advirtió el director.
Las inversiones en el sector eléctrico al concretarse las privatizaciones sumaron los 600 millones de dólares.
Marrero aseguró que éstas se hicieron en base a un marco que está en permanente fluctuación.
El director administrativo de Bahía Las Minas subrayó que ellos son los primeros en exigir que las normas que se establecieron se cumplan, pero no que se cambien.
También participaron en el foro los abogados Juan Ramón Vallarino padre y Juan Ramón Vallarino Jr. que subrayaron que los contratos leyes empezaron en 1916 y se han presentado a lo largo de la república.
El Foro fue presidido por el licenciado Carlos A. Vásquez, presidente del Colegio Nacional de Abogados, y en la mesa de honor estuvieron presentes el director y subdirector del diario El Panamá América, Octavio Amat y Mario Castro Arenas, respectivamente.
