Dos comisiones, una encargada de trabajar en la eliminación de las "Leyes Mordaza" y otra de regular el ejercicio del periodismo, instalará hoy el Ministerio de Gobierno y Justicia.
De acuerdo con el titular de esta cartera, Winston Spadafora, las comisiones estarán conformadas por personas relacionadas con el ejercicio del periodismo y trabajarán en función a lo que saben.
Señaló que en las comisiones habrá representación directa de los profesionales que laboran en los medios de comunicación y el éxito dependerá del trabajo individual de cada uno.
El pasado gobierno no logró cumplir con su compromiso de derogar las leyes mordaza, porque el proyecto que presentó no tuvo el consenso de todos los sectores de la sociedad.
El proyecto presentado por la exministra de Gobierno y Justicia, Mariela Sagel, establecía mayores controles y regulaciones a los medios de comunicación, porque establecía que cualquier persona que se sintiera ofendida o calumniada por alguna información podría interponer una demanda contra el autor de la información y el medio de comunicación ante los corregidores, quienes tenían la facultad de decretar penas de arresto.
También se analizó la posibilidad de que los delitos de calumnias e injurias fueran atendidos por los jueces del Tribunal de la Familia.
La Ley No.11 de 1978 que rige los medios de comunicación escritos y otros impresos, establece medidas que atentan contra la libertad de expresión.
El Organo Ejecutivo ha presentado en ocho ocasiones proyectos de ley que tienen como objetivo derogar estas leyes mordazas, pero los esfuerzos han sido infructuosos.
El gobierno de Ernesto Pérez Balladares fue cuestionado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por no derogar estas leyes, durante sus cinco años de gestión gubernamental.
La SIP en su último informe denunció que en Panamá se violan ocho de los diez principios contemplados en el proyecto de "estudio comparado entre las leyes de prensa panameña y la Declaración de Chapultepec".
Los expertos en materia de libertad de expresión advirtieron que estas normas podrían permitir la confiscación de diarios, amonestaciones y una serie de sanciones que se dan contra los medios de comunicación
