El Juzgado Decimocuarto realizará hoy la audiencia preliminar contra tres físicos del Instituto Oncológico Nacional (ION) acusados de homicidio culposo en perjuicio de 18 pacientes que fueron sobrexpuestos a dosis de cobalto durante su tratamiento médico.
La audiencia se realizará tras haberse suspendido en una ocasión por falta de preparación de uno de los abogados defensores de oficio, quien se había hecho cargo del caso pocos días antes de la fecha de audiencia.
El fiscal Superior Especial, Cristóbal Arboleda, solicitó el llamamiento a juicio de tres técnicos del ION por el delito de homicidio culposo, luego de establecer que éstos alteraron el programa para suministro del tratamiento de manera unilateral. Entre los sindicados figuran Olivia Saldaña, Alvaro Mejía y Alexis Alveo.
Arboleda explicó que solicitó al tribunal el encausamiento penal de los tres técnicos tras determinar, durante las investigaciones, que existió negligencia e imprudencia en la aplicación del tratamiento con cobalto ejecutado a 28 pacientes del ION.
El funcionario de instrucción explicó que se logró establecer la responsabilidad de los tres técnicos en la alteración del programa de computadora para la aplicación del tratamiento a los 28 pacientes con cáncer pélvico.
También detalló que dentro de la investigación se solicitó sanciones administrativas a aquellos funcionarios a cargo de la verificación del trabajo de los técnicos y del seguimiento del manual para la aplicación de los tratamientos.
Sostuvo que dentro de las sumarias se estableció la existencia de fallas y omisiones de carácter administrativo, que deben ser sancionadas dentro de esa esfera. Explicó que no hubo una fiscalización administrativa por parte de los funcionarios de mandos medios.
Contra los tres investigados pesan medidas cautelares de impedimento de salida del país y también deben notificarse periódicamente ante el Ministerio Público.
A la fecha, de los 28 pacientes que sufrieron la sobrexposición de cobalto sólo permanecen con vida 10. Las irregularidades en la aplicación del tratamiento se conocieron luego que los familiares denunciaran la existencia de anomalías en el proceso.
La fiscalía debió exhumar los cuerpos de algunos de los pacientes tras su fallecimiento y las autopsias realizadas indicaron que su deceso fue acelerado por la sobrexposición a las radiaciones de cobalto.
Dijo también que muchos han sido reubicados, aunque no precisó cifras, al tiempo que mencionó que de ser necesario se les brinda el apoyo con un subsidio en materiales de construcción a través de los Programas de Asistencia Rápida de Viviendas de Interés Social (PARVIS) y Asistencia Habitacional. En Arraiján han aumentado de forma significativa los asentamientos espontáneos a raíz de las invasiones de tierras, que se han intensificado en los últimos años, principalmente en las áreas revertidas. Para el alcalde Jaime Barroso, Arraiján se ha convertido en un "depósito de toda familia que presenta necesidades habitacionales o sufre los embates de un desastre natural en cualquier punto del país".
El problema del precarismo se ha acrecentado, precisamente, porque muchas de estas áreas han sido lotificadas y adjudicadas por el Ministerio de Vivienda después de ser invadidas sin la debida planificación. La falta de vías de comunicación, servicio de electrificación, agua potable, u otras necesidades básicas la ha convertido en un área crítica.
Añade Barroso que desconoce las cifras de precaristas existentes en Arraiján, sobre todo aquellos especuladores (invasores) que se han apoderado desde hace muchos años de tierras públicas y privadas que no les pertenecen. Las solicitudes de desalojo se interponen en la corregiduría, autoridad ejecutora y por lo general siempre se lanza a los invasores, cumpliendo con el debido proceso.
No obstante, aclaró que se les recomienda a las familias afectadas dirigirse al MIVI para tratar de obtener por las vías legales una solución habitacional. Existen invasiones de tierra que han estado por más de 20 años, ocupando las parcelas, sin título de propiedad.
Ese es el caso de la 4 de Febrero de Bique, con más de 50 viviendas, al igual que San Agustín con unas 80 familias, quienes ocupan terrenos a orillas del entronque de la autopista y la Interamericana. Otra de las invasiones de tierra que preocupa a las autoridades municipales es la de la barriada El Gringo, área revertida, integrada por 43 familias que construyeron pequeñas casitas improvisadas, de madera y zinc, en terrenos reclamados por el IDAAN.
La institución aduce que se trata de áreas de servidumbre para la instalación de tuberías de un tanque de reserva de 1 millón de galones de agua, que forma parte de las obras complementarias de la planta potabilizadora Laguna Alta. Por su parte, la funcionaria del MIVI sostuvo que quienes invadieron el sector conocido como San Agustín se han acercado a la institución a solicitar una solución habitacional y luego de comprobar que presentan la necesidad, se les ha reubicado en La Alameda, también en áreas revertidas.
La coordinadora de la oficina de enlace asevera que en tres ocasiones anteriores el MIVI había reubicado a las familias que invadieron los terrenos de San Agustín, destinados para un proyecto vial hacia las áreas revertidas, pero nuevamente fueron invadidos. La funcionaria coincidió en que la institución no lleva un registro pormenorizado de la cantidad de precaristas invasores de tierra en el distrito de Arraiján.
