Hubo más denuncias ciudadanas por corrupción en 2020 que en el año 2019
No obstante, la gran mayoría de las denuncias fueron desestimadas por falta de sustento o carencia de información básica.
En su página web, Contraloría brinda detalles sobre los procesos.
Los ciudadanos estuvieron más activos en 2020, que en 2019, en la realización de denuncias ciudadanas sobre presuntos malos manejos de fondos públicos ante la Contraloría General.
Estadísticas de la Dirección Nacional de Denuncia y Participación Ciudadana señalan que en 2020 los ciudadanos hicieron 197 denuncias, en pleno año de pandemia por Covid-19, mientras que en 2019, un año sin coronavirus, se presentaron 170.
Esta dirección recibe denuncias sobre supuestos malos manejos de fondos públicos y otras irregularidades a través de tres vías: por teléfono, personalmente o por alguna de las plataformas tecnológicas de la Contraloría.
No obstante, la gran mayoría de las denuncias fueron desestimadas por falta de sustento o carencia de información básica.
En enero de 2020 se desestimó el 75%; en febrero, 59%; marzo, 8%; mayo, 29%; junio, 75%; julio, 76%; agosto, 73%; septiembre, 56%; octubre, 68%; noviembre, el 100%; y diciembre, 56%.
Las denuncias que más se recibieron durante la pandemia fueron por malos manejos de fondos públicos, uso indebido de vehículos del Estado e irregularidades en el manejo y suministro de equipos, materiales y mano de obra pagados con recursos estatales.
Las cifras del 2020 superaron a las 2019, a pesar de que en el mes de abril la dirección no recibió denuncias por el cierre de las instalaciones que obligó la pandemia de coronavirus.
En medio de la pandemia, el Gobierno ha asignado una importante cantidad de millones de dólares amparado en el Estado de Emergencia Nacional que decretó por el Covid, sin embargo, se han registrado denuncias sobre presuntos malos manejos de estos fondos y de la ayuda social que entrega.
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Pero durante la pandemia no solo se han atendido denuncias sobre malos manos de recursos públicos, también sobre irregularidades en la prestación de servicios públicos y contratación ilegal de funcionarios públicos.