La influyente organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) pidió a la mandataria Mireya Moscoso que revoque el asilo político al exdictador haitiano Raoul Cedrás y a su excolaborador Phillipe Biamby, al tiempo que consideró que Panamá tiene la obligación de iniciar un proceso judicial contra ambos militares, por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en Haití.
El secretario ejecutivo de la fundación HRW, José Miguel Vivanco, envió -el pasado lunes- una carta a Moscoso, en la que señaló que a Cedrás y a Biamby se les acusa de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y perpetrado crímenes de lesa humanidad en Haití, por lo cual "no deberían disfrutar del estatus de asilados políticos".
El retiro del estatus de asilado político reabriría las puertas de la extradición del general Cedrás y del coronel Biamby, exjefes de las fuerzas armadas de Haití, quienes llegaron a Panamá en l994.
En su carta, Vivanco argumentó que al Panamá ser signataria de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, tiene la obligación jurídica de procesar judicialmente a Cedrás y Biamby.
De conformidad con el artículo 7 de dicha convención, se debe extraditar o enjuiciar a quienes, encontrándose en el territorio de un Estado signatario, se presumen responsables de tortura, alegó el directivo de HRW. Esto resulta especialmente aplicable a los militares haitianos, apuntó.
Si la presidenta Moscoso revoca el estatus de asilados políticos a los militares golpistas del expresidente haitiano Jean Bertrand Aristide, "Panamá estará dando un nuevo ejemplo al mundo que ya no es más un país donde se tolera la impunidad o se protege a personas que han cometido graves violaciones a los derechos humanos", señaló.
Según Vivanco, el Gobierno de Moscoso demostró recientemente su compromiso de proteger los derechos humanos, al negarle el asilo político al exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú, Vladimiro Montesinos y consideró que debe repetir esta acción con el caso de los militares haitianos.
