Aunque resulte difícil de creer, un hurto se produjo el pasado martes a plena luz del día y frente a las instalaciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ), cuando los delincuentes se llevaron el auto del Delegado de la Fiscalía Auxiliar, Ronier Ortiz.
Una fuente judicial confirmó que el auto de Ortiz fue hurtado de su estacionamiento, ubicado frente al Centro de Recepción de Denuncias y la PTJ. Se informó que el vehículo fue violado con una llave maestra y sin forzar la cerradura.
También se informó que el hurto del auto se produjo entre las 2:45 p.m., del martes, luego que Ortiz retornara de su almuerzo y dejara el vehículo en el estacionamiento; al buscarlo a las 4:00 p.m. ya no estaba.
Lo irónico de la situación fue que Ortiz, quien dirige el Centro de Recepción de Denuncias, debió denunciar ante sus funcionarios la desaparición de su auto color blanco con matrícula 252690 y que mantenía desde hace varios años.
La escritura también hace constar que el comprador podrá solicitar la concesión administrativa de dichas áreas de conformidad al procedimiento que establece la ley.
Señala igualmente, que la finca estará sujeta a servidumbre de uso y de paso por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en lo que respecta al faro y caseta que existen dentro de los límites del inmueble, dado que los mismos son ayudas para la navegación marítima a cargo de esa institución.
Aunque ambos decretos establecen la legalidad de que la casa aún esté custodiada por miembros del SPI, para el sociólogo y escritor Raúl Leis, la norma debe ser más equilibrada y específica.
Según explicó, no es correcto que se destinen recursos del Estado, a través del SPI, para mantener sitios cuidados permanentemente para cuando la Presidenta esté allí o pase por allí. Lo correcto, dijo, es que se cuiden en los días que ella va.
En cuanto a la función del SPI de velar por la vida e integridad física no sólo del mandatario, sino de su familia inmediata, Leis, manifestó que para ello deben hacerse algunos criterios de racionalidad, porque serían demasiados los policías que se tendrían que ocupar para cuidar a todos los familiares, a donde éstos se dirijan, así como a los sitios donde vaya el mandatario de turno y más cuando no existe una amenaza inminente.
El catedrático y abogado, Miguel Antonio Bernal, fue más allá, al catalogar que esta situación no es ni ética ni legal. Bernal destacó que esto era "previsible", porque, según dijo, las autoridades que directa o indirectamente participaron de la licitación lo sabían, así como todos los sectores políticos que lo permitieron, convirtiéndose en cómplices por omisión.
El catedrático enfatizó que cualquier persona que se dio cuenta cómo se desarrolló la licitación "sabe perfectamente bien que ese fue un acto montado con un propósito determinado".
Cabe señalar, que el Decreto Ley N° 2 de 8 de julio de 1999 permite que el mandatario saliente pueda escoger hasta ocho miembros del SPI que le brinden la seguridad necesaria para preservar su vida e integridad física. Es decir, que la casa puede en un futuro seguir siendo custodiada de mudarse la mandataria a Pedasí.
