En cuestión de semanas se iniciará el proceso de desalojo de los "invasores" que residen sobre la servidumbre en la cual se construirá la Línea Paralela que va de la Planta Potabilizadora de Chilibre a la ciudad de Panamá, informó ayer el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Laurencio Guardia.
Aseguró que a pesar de que muchas de estas personas son "invasores", pues construyeron sus viviendas sobre la servidumbre, se les va a indemnizar.
Guardia dijo que en el presupuesto de la obra hay por lo menos B/.2 millones que se destinarán para el pago de la indemnización de estas personas, que suman unas 154 familias.
Manifestó que el Consejo de Gabinete mañana aprobará la ejecución de esta obra, y en un plazo de quince días se puede otorgar la orden de proceder para el inicio de la construcción y de inmediato se realizarán las conversaciones con los afectados.
Agregó que ya la Contraloría de la República y el Ministerio de Economía han hecho las evaluaciones, mientras que funcionarios del IDAAN visitaron las residencias de estas personas para conversar con ellas.
Expresó que en algunos casos habrá que derribar las viviendas, pero en otros las tuberías pasarán por los patios traseros de estos "invasores" y no será necesaria la demolición.
Explicó que se va a indemnizar a los afectados, porque en muchos casos éstos no son responsables, pues se les vendieron proyectos construidos por el Ministerio de Vivienda y hay otros en los que los representantes de corregimiento les otorgaron certificados de propiedad falsos.
Destacó que hace unos días se impartió la orden de proceder para la ampliación de la Planta de Chilibre a un costo de B/.48.7 millones, la Línea Paralela por B/.33 millones y los trabajos de optimización por B/.20.9 millones, además de otros proyectos que están en ejecución, lo que suma un total B/.185 millones.
4. A velar para que las instituciones judiciales, policiales y otros organismos del Estado, no sean utilizadas como mecanismo de persecución o represión.
5. Con la no violencia y con la eliminación de la agresividad en cualquiera de sus manifestaciones, incluso los mecanismos privados intimidatorios y represivos.
6. A velar para que las condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos políticos y las libertades ciudadanas sean respetados por las autoridades y a exigir de sus miembros una estricta responsabilidad ciudadana.
7. A no utilizar, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de partidos políticos y/o candidatos, en especial a aquellos funcionarios candidatizados que por ley no están en la obligación de separarse del cargo durante el proceso electoral. Se excluyen de esta disposición los recursos que por ley otorga el Código Electoral a los diferentes Partidos Políticos.
8. A no utilizar para proselitismo y propaganda político-partidista los actos de inauguración de obras públicas; y otros actos oficiales, ya sean éstos a nivel nacional o local, salvo que estén en los Consejos Municipales o Asamblea Legislativa o que sea en igualdad de condiciones para los partidos y candidatos que participan en la contienda electoral.
9. A desarrollar campañas electorales inspiradas en el fortalecimiento de la democracia y valores de paz, el respeto a los derechos humanos y la educación cívica del pueblo.
10. A no difundir directamente o por terceras personas o agrupaciones, mensajes violentos, calumniosos o irrespetuosos.
11. A no publicar ni divulgar encuestas dirigidas a manipular la opinión pública.
12. Con un proceso electoral alejado de toda manipulación política indebida o inmoral, como por ejemplo las falsas denuncias, la oferta de nombramientos, el proselitismo basado en la compra de votos mediante licor, dinero y otros mecanismos similares.
13. A velar por la estabilidad del servidor público y privado, y por el respeto a su libre militancia política, practicada fuera de los lugares y horas de trabajo, tal como lo establece la ley de carrera administrativa y el Código Electoral.
14. A ser celosos vigilantes de la legítima y lícita procedencia de los fondos o donaciones de personas naturales o jurídicas que recibamos los partidos políticos y candidatos.
15. A adoptar las medidas necesarias para el logro de la participación de las mujeres en las listas electorales en los términos que establece la ley, como una manera de reforzar y profundizar la democracia y de procurar construir nuevas formas de hacer política.
16. Con una transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno, al que resulte libremente elegido.
Solicitamos a los medios de comunicación que apoyen, difundan y mantengan la permanente vigencia del Pacto Etico Electoral de tal forma que la ciudadanía lo conozca, lo asimile y colabore con su ejecución.
Abogamos para que los medios de comunicación promuevan el debate democrático de ideas y programas en forma respetuosa y responsable, siempre dentro de un marco de tolerancia y convivencia pacífica. Igualmente, que respalden la difusión de programas que promuevan valores cívicos.
Exhortamos a los medios de comunicación a que brinden bajo las mismas condiciones, iguales oportunidades a todos los partidos y candidatos; y a los reporteros a que no distorsionen o editen en forma tendenciosa, por favoritismos personales, las noticias de índole política.
Invitamos a los medios de comunicación social a suscribir un Pacto Etico Electoral, tal cual lo hicieron en las elecciones de 1999, ya que son actores importantes de todo el proceso electoral y voluntariamente deben contribuir a crear las condiciones de confianza, seguridad y transparencia, en un clima donde impere el más estricto respeto a la dignidad de las personas, para el desarrollo de una campaña electoral ejemplar.
Solicitamos al Tribunal Electoral que cumpla con absoluta imparcialidad, honestidad, probidad y eficiencia sus deberes institucionales en todas las etapas del proceso electoral.
A la Fiscalía Electoral para que persiga con apego a la ley todos los actos que atenten contra la paz y la transparencia de las elecciones, de tal forma que con ello se contribuya a mantener la confianza en el proceso electoral.
1. Que se comprometa con la consolidación del proceso democrático mediante el respeto de la autonomía del Tribunal y Fiscalía Electoral y la asignación de los recursos necesarios para su funcionamiento efectivo.
2. Que no utilice presiones de ninguna índole sobre las instituciones judiciales o policiales, ni sobre otros organismos del Estado, como mecanismo de persecución, represión y/o intimidación.
3. Que garantice las condiciones para que exista un auténtico estado de derecho, donde todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos políticos en un ambiente de paz y libertad.
4. Que brinde a la nación un proceso electoral alejado de toda manipulación política indebida e inmoral, directa o indirectamente, que contravenga el espíritu de los compromisos en este documento consignados.
5. Que garantice la estabilidad del servidor público, respetando su libre militancia política, siempre y cuando la misma la ejerza como lo establece la ley de carrera administrativa.
6. Que garantice a la nación panameña, la transición clara, armónica y pacífica del actual gobierno al que resulta libremente elegido.
7. Que no utilice, directa o indirectamente, los recursos del Estado a favor de los partidos políticos y/o candidatos, en especial a aquellos funcionarios candidatizados que por ley no están en la obligación de separarse del cargo durante el proceso electoral.
8. Que no utilice para proselitismo y propaganda político-partidista los actos de inauguración de obras públicas u otros actos oficiales de Estado o de Gobierno.
Los partidos políticos que suscribimos este Pacto Etico Electoral reconocemos al Comité Ecuménico de Panamá (COEPA), como depositario, promotor y vigilante del cumplimiento del presente acuerdo y lo facultamos para realizar las investigaciones y denuncias correspondientes en los casos en que se vulnere el Pacto Etico Electoral y para la consecuente sanción moral.
Para el efectivo cumplimiento del presente compromiso se constituirá una Comisión de Etica Electoral conformada por miembros del COEPA y apoyada por la Conferencia Episcopal de Panamá, y por personas de otras denominaciones religiosas. Así mismo, se constituirá un Organismo Consultivo Permanente conformado por un representante de alto nivel jerárquico y su suplente de cada uno de los Partidos signatarios, que tendrá como finalidad evaluar las violaciones o incumplimiento de este Pacto, además de servir de foro de discusión de las diversas temáticas relacionadas con el proceso político electoral.
Los partidos políticos adoptaremos los mecanismos necesarios a lo interno para la permanente vigencia de los principios del Pacto Etico Electoral, de tal forma que sean conocidos y respetados por nuestra membresía.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y el Organismo Consultivo Permanente, elaborarán su propio reglamento y la metodología para actuar en la formulación de las evaluaciones, denuncias, quejas, sanciones morales y en el tratamiento de situaciones violatorias del Pacto Etico Electoral.
La Comisión de Etica Electoral del COEPA y los partidos políticos, interpondrán las denuncias ante las autoridades competentes en los casos que impliquen comisión de hechos delictivos y darán seguimiento a las mismas. Facultamos a la Comisión de Etica Electoral del COEPA para actuar y pronunciarse en aquellos casos donde se vulnere este compromiso.
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