El presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza, reveló ayer que se logró la identificación de Gerónimo Díaz, desaparecido en la isla penal de Coiba durante la dictadura militar, e informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que puede recibir en forma conjunta las denuncias de desaparecidos y establecer una indemnización global.
Almanza reveló que en excavaciones realizadas en el cementerio de El Marañón, en la isla de Coiba, se ubicó el cuerpo de Díaz, quien según dos testigos fue muerto a golpes por miembros de la Policía Nacional que custodiaban el lugar.
Precisó que los restos de Díaz fueron identificados por su ficha dental premorten, en donde se estableció que éste utilizaba dos prótesis de oro. Además, señaló, que la osamenta encontrada corresponde con su estatura y contextura física.
También detalló que se está tras la búsqueda de los restos de Gerardo Olivares, un ciudadano de origen chileno, que se sospecha se encuentra sepultado en Coiba tras ubicar copia de un documento remitido al extinto general Omar Torrijos, en el que se le informaba de la muerte y sepultura en ese lugar.
Dijo que en los trabajos también se está tras la pista de los restos del ciudadano Cecilio Hasenbund, luego que su nombre apareciera en los archivos de la Dirección de Sistema Penitenciario como detenido en la isla penal de Coiba.
Por otro lado, Almanza detalló que en un reciente viaje a Washington, donde se reunió como miembros de la CIDH, éstos le expresaron su anuencia a recibir de forma conjunta las denuncias de desapariciones forzadas durante la dictadura militar, si los tribunales de justicia deciden declarar prescritos todos los casos de desaparecidos.
Estimó que ya existe el precedente del caso de Heliodoro Portugal en donde el Estado panameño se allanó y se hizo responsable de los hechos ocurridos. A la vez detalló que los miembros del CIDH le expresaron la posibilidad de lograr una indemnización conjunta para todos los familiares de desaparecidos.
Explicó que los casos serán presentados en los próximos meses, aunque ya un primer bloque de casos fue presentado para su evaluación. Precisó que esta acción se tomó ante la negativa de los tribunales de justicia de reabrir las investigaciones sobre las desapariciones ocurridas durante la dictadura militar.
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