Análisis forenses realizados por antropólogos de la Comisión de la Verdad identificaron una serie de restos óseos encontrados en la isla de Coiba como los del ciudadano chileno Gerardo Olivares Velásquez, al tiempo que directivos de ese organismo recibieron ayer el respaldo del magistrado presidente de la Corte, César Pereira Burgos, para evitar la prescripción de los casos de desaparecidos.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza, confirmó ayer que una serie de exámenes forenses realizados a restos humanos ubicados en la Isla de Coiba corresponden al ciudadano chileno Gerardo Olivares Velásquez, muerto en junio de 1977 en el penal de la Isla de Coiba.
Almanza precisó que una serie de exámenes realizados por la antropóloga Ann Ross confirmaron que los restos ubicados son los de Olivares, quien en el año 1972 fuera raptado en Costa Rica por miembros del G-2 y llevado a Coiba, donde fue abatido a balazos.
Un documento recobrado por la Comisión de la Verdad señala que el capitán Wilfor Nipple le comunicó al extinto general Omar Torrijos sobre la muerte de Olivares, al que consideraban un sujeto muy peligroso.
En tanto, ayer miembros de la Comisión de la Verdad se reunieron con el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Pereira Burgos, quien se mostró anuente a evitar la prescripción de los casos de personas desaparecidas.
En ese sentido, Almanza señaló que durante la reunión Pereira Burgos se mostró a favor de la justicia y a no permitir la prescripción de aquellos casos de personas desaparecidas durante la dictadura militar y que esto aunado a la decisión de mantener abierto el caso de José Del Carmen Tuñón permitirá la investigación del resto de los expedientes de desapariciones forzadas.
Detalló que a los miembros del Ministerio Público sólo les queda acatar la decisión de la máxima corporación de justicia y por ello se mostró confiado en lograr la aplicación de la justicia penal a los responsables de estos hechos.
También señaló estar satisfecho por la aprobación del proyecto de ley que crea la fiscalía especial para la investigación de delitos contra los derechos humanos, que tendrá a su cargo los expediente levantados por la Comisión de la Verdad.
