La iglesia católica de Panamá rechazó ayer el eventual aumento de las penas de prisión contra menores, mediante una reforma legal que está en manos del Parlamento.
"Tiene que haber penas, claro que sí, pero solas no constituyen el remedio para la criminalidad", declaró a la prensa el arzobispo de la capital panameña, José Dimas Cedeño.
"Cuando hablamos de los jóvenes hay que pensar en la necesidad de ayudar a las familias, en la necesidad de re-socializarlos, porque muchas veces los jóvenes son víctimas de situaciones familiares y sociales; por eso las penas por sí solas no constituyen el remedio", insistió el jerarca católico.
Monseñor Cedeño estimó que la delincuencia disminuirá si la sociedad brinda buenos ejemplos y presenta oportunidades de trabajo.
Cedeño subrayó que "tenemos que dedicarnos a ver cómo podemos prevenir la criminalidad, cómo podemos ayudar a las familias, a que en la familia el joven encuentre cariño, encuentre amor; hay mucha criminalidad, pero la sola pena no es el remedio".
Planteó la necesidad de crear verdaderos programas de resocialización, ya que en la mayoría de las ocasiones los jóvenes son víctimas de situaciones que los llevan a la comisión de un delito.
La iglesia panameña se sumó así a otros sectores que rechazan la eventual reforma del régimen especial de responsabilidad penal para la adolescencia, para incrementar las penas de prisión contra menores que cometen delitos como homicidio doloso.
Hasta el momento, dos anteproyectos de reforma de esa ley han sido presentados ante la Asamblea Nacional, uno de los cuales contempla aumentar de siete a 10 años las penas a los menores.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Rogelio Paredes, no descartó que los dos anteproyectos se puedan fusionar.
La defensora del Pueblo de Panamá, Mónica Pérez, y una decena de organizaciones, que forman el Grupo de Vigilancia Permanente de los Derechos Humanos de los Niños y los Adolescentes rechazaron la reforma.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también ha manifestado su oposición al aumento de penas contra menores y ha indicado que a quienes debe castigarse es a los adultos que los utilizan para cometer delitos.
Pero otros sectores sí exigen castigo más duro para los menores, como la Cámara Nacional del Transporte de Panamá, que el martes realizó una marcha en esta capital para protestar por el asesinato de dos taxistas el fin de semana pasado, presumiblemente a manos de adolescentes.
Marcos González, de la Unión de Bases Taxistas, criticó a la UNICEF e incluso a la Iglesia, que a su juicio no han dicho nada sobre cuál será el futuro de los hijos desamparados de los dos taxistas asesinados el fin de semana pasado.
Luis Rodríguez, de la Cámara Nacional de Transporte, dijo que "aquí se habla de resocialización, tal como lo están haciendo representantes de organismos como la UNICEF, sin embargo, no son ellos los que están poniendo los muertos en las calles, ni sintiendo el sufrimiento que viven los hijos de los transportistas asesinados".
Iglesia católica dice que aumentar penas a menores no es el remedio
La reforma a la ley de menores contempla aumentar de siete a diez años la pena de los infractores.