El sacerdote, quien trabajaba como párroco en Río Hato, se encuentra bajo medida cautelar, aislado en uno de los cuartos del Seminario Cristo Sembrador de Penonomé y según se informó, no quiere salir de su habitación. Sin embargo, los hechos han traído consecuencias económicas a la Iglesia.
Y es que el Seminario Cristo Sembrador de Penonomé y el obispado de Penonomé deben pagar la pensión prenatal, según indicó el Vicario General de la Diócesis de Penonomé, Ezaúd Estrada.
Mencionó que la Fiscalía no ha dado aún orden "para que se pueda hablar con él y si quiere hablar nadie se lo impedirá".
Hace algunas semanas, padres campesinos del área de Membrillo de Penonomé denunciaron ante la Policía Técnica Judicial (PTJ) y luego Fiscalía, el caso de supuesto acoso del sacerdote a la menor, quien estaba bajo su custodia en Río Hato, además de embarazarla y solicitarle que abortara.
Según se conoció, el sacerdote fue a rendir declaraciones a la Fiscalía, pero la Iglesia no ha querido intervenir, para que se haga justicia, puesto que el mismo fue sólo a declarar e inclusive el abogado que atiende el caso es un defensor de oficio.
Reconoció que la denuncia que hicieron los padres de la menor en contra del sacerdote es justa, porque se trata de una niña que ellos dieron a cuidar al clérigo, "hemos hecho lo necesario para que se le dé a esta niña lo que debe ser".
La deserción de los estudiantes es otro problema al que deben enfrentarse. Las distancias entre las casas y las escuelas son abismales: horas y horas, muchos estudiantes ni tan siquiera tienen zapatos o un paraguas para desafiar las tormentas.
La pobreza y la soledad en que se encuentran estos centros educativos hace que cada jornada escolar se realice de forma lenta y con grandes vacíos académicos.
¿Y la supervisión? El Ministerio de Educación cuenta con menos de una docena de supervisores para atender 2,111 escuelas multigrado en todo el territorio nacional.
Una propuesta sobre cómo enfrentar el problema lo dio la educadora Nelva Reyes, quien cuenta con una gran experiencia en materia de escuela multigrado.
Según Reyes, el problema proviene de la falta de una política integral por parte del Ministerio de Educación. Una alternativa, según la educadora, podría basarse en la construcción de algún centro educativo- tipo internado- que permitiría a los estudiantes permanecer mayor tiempo en la escuela y resolver así el problema de los traslados de las grandes distancias de cada comunidad hacia la escuela.
Un grave problema según Reyes, es que la gran mayoría de la niñez que ingresa a las escuelas multigrado no ha tenido la experiencia de la educación inicial. En ese sentido agregó que debe fortalecerse la atención a los padres y madres de familia debido a que en el área rural se vive el fenómeno del analfabetismo funcional por lo que el apoyo de estos a la educación de sus hijos es muy limitada.
Reyes mostró también su preocupación porque los textos escolares que se les suministran a los estudiantes se basan en los esenciales mínimos de cada materia, por lo cual propone que se apoye de manera más intensiva y permanente a los docentes para que logren un mejor desempeño en sus labores.
La embarcación “Cherokee Arrow” fue detenida en el Puerto de Coco Solo, Colón con 30 fusiles AK-47, 14 M-16, tres PMK y municiones trazadoras. En esta acción se detuvo a ocho personas.
En agosto del 2001, en el sector de La Siesta, en Tocumen, se confiscaron 10 AK-47, pistolas nueve milímetros y 156 paquetes de cocaína.
El pasado año, en la comunidad de Nuevo San Diego, Pacora, se desmanteló una banda de nueve personas a la que se le incautó un cargamento de AK-47, RPG-7 y ametralladoras M-14. Estas armas iban con destino a Puerto Obaldía, en la comarca Kuna Yala.
A su vez, en 1997 se incautó un cargamento de armas en su mayoría AK-47 y explosivos que tenían como presunto destino Colombia, pero cuyo propietario argumentó que eran armas de la invasión de diciembre de 1989.
En 1998 la Unidad de Terrorismo de Santa Fe de Bogotá, Colombia, solicitó a las autoridades judiciales panameñas, mediante un exhorto, investigar una supuesta red de traficantes de armas colombianos que operaba aquí y tenía nexos con casas comerciales ubicadas en Panamá.
De acuerdo con el exhorto, se solicitaba la ubicación de un grupo de 28 personas presuntamente vinculado al tráfico de armas con destino a los movimientos guerrilleros colombianos y que estarían operando entre Colombia y Panamá.
Tanto la Policía Técnica Judicial (PTJ), como la Policía Nacional han reconocido la porosidad de la línea fronteriza con Costa Rica, debido a la existencia de unas 200 trochas por las que se puede mover cualquier cosa, desde drogas y armas hasta indocumentados.
La PTJ tiene proyectado la instalación en la frontera tico-panameña de un sistema electrónico de vigilancia que sería financiado por organismos internacionales, pero que aún se encuentra en fase de estudio.
Este sistema involucraría el establecimiento de un centro de acopio de información que conectaría a diversos estamentos de seguridad para una reacción rápida ante cualquier situación que atentara contra la seguridad nacional.
Entre las rutas terrestres usadas por los contrabandistas para introducir las armas desde Costa Rica figuran, en la provincia de Bocas del Toro, el sector de Guabito y Bastimento. En tanto que en la provincia de Chiriquí se mencionan las áreas de Río Sereno, Paso Canoa, Piedras Gordas y Las Delicias.
Entre tanto, en la Provincia de Colón se menciona la Zona Libre de Colón, Viento Frío y los puertos de Coco Solo y Cristóbal.
En el área del Pacífico se ha establecido que los puntos más vulnerables para esta actividad son Chame, San Carlos, Juan Díaz, Coronado y Pacora. En Darién se han fijado áreas como Puerto Obaldía y el Río Jaqué.
Por su parte, Carlos Smith, legislador del Partido Revolucionario Democrático (PRD), calificó como débiles las explicaciones dadas por las autoridades para impedir la entrada de armas de guerra al país y que tienen como destino grupos insurgentes colombianos.
Smith señaló que las autoridades ejecutan labores de revisión en Jacú, de los camiones y automóviles que ingresan al país. También lo hace en Río Sereno y en la garita de Risacua, en la provincia de Chiriquí.
Desechó la excusa de la porosidad en la frontera, toda vez que aunque los cargamentos entren por trochas, deben pasar forzosamente por los tres puntos citados en la provincia chiricana.
En octubre del 2001, la Policía solicitó un crédito al Consejo Económico Nacional (CENA) por un monto de B/.3.5 millones, que sería utilizado en equipo para el Servicio Marítimo Nacional (SMN), Servicio Aéreo Nacional (SAN) y la Policía Nacional, pero los encargados de estas instituciones nunca han dado detalles de las compras ejecutadas.
La Policía también compró visores nocturnos para asignarlos a la Policía de frontera, así como morteros, tras un ataque escenificado por guerrilleros en la comunidad darienita de Nazaret, donde falleció una menor de edad y hubo varios heridos.
También la Embajada de los Estados Unidos donó al SMN varias embarcaciones para realizar trabajos de vigilancia en las costas, a fin de interceptar embarcaciones que transporten armas, droga o indocumentados.
Sin embargo, el gobierno nunca ha dado a conocer la cuantía exacta de lo que gasta en materia de seguridad y en la compra de armamentos. Generalmente, al preguntarle al director de la Policía, Carlos Barés, sobre este tema se vuelve muy elusivo y responde que se han comprado “muchas”.
También el abogado Miguel Antonio Bernal ha señalado que el pasado año la Policía anunció la compra de B/.5 millones en equipo bélico, pero nunca se han revelado las cantidades y cómo se ejecutó esta compra. Sobre Vacamonte hay que decir que no hay la menor duda que fue una decisión muy acertada sacarlo fuera de la ciudad para evitar la contaminación que se estaba llevando a cabo en la bahía de Panamá.
Pero con el tiempo es una industria que aporta muchísimo al gobierno y al país.
Si se privatizara Vacamonte se convertiría en un monopolio de los más fuertes, pero hay que mantener el equilibrio en un área que ha sido tan exitosa hasta el momento.
Creo que cuando mejore el servicio de agua, y cuando podamos dragar el acceso, va a mejorar Vacamonte.
Acabamos de instalar unas ocho grúas para manejar las canastas grandes de camarones . Estas grúas existían desde que fue fundado este puerto desde que yo fui director de la Autoridad Portuaria y se hicieron ciertas inversiones.
En esta etapa se ha instalado un sistema eléctrico, se han comprado ocho grúas que están instalándose y sentimos que igualmente hay posibilidades en el futuro de que se pueda dragar el acceso a Vacamonte. ¿Cuál es el calado aconsejable de Vacamonte para ampliar sus actividades?
Actualmente tiene un calado entre 18 y 20 pies. Igualmente entre los proyectos de la Presidenta de la República a través del gobierno japonés, que trajo 17 técnicos para hacer unos y para mejorar ciertos puertos del interior y establecer unos centros de acopio, en particular en la península de Azuero.
Ha aumentado la cantidad de personas que se dedican a la pesca artesanal.
Hemos hecho también una inversión en Puerto Mutis y en otros puertos menores. Igualmente en La Palma y Jaqué en el Darién se han hecho inversiones.
La infraestructura del interior es sumamente importante porque evita la posibilidad de que nosotros tengamos muchas más personas dedicadas a actividades en la capital.
Así tenemos la posibilidad de equilibrar la situación que se presenta en el país.
Los puertos pequeños generan la posibilidad de trabajar en otras actividades a personas de esas localidades y puedan llevar beneficios a sus familias. Y así ya no van a venirse a la capital.
