"La Iglesia Católica, representada por la Conferencia Episcopal también ha jugado un papel cuestionable en el diálogo. Los garantes no han jugado su papel de estar de lado de los pobres, les ha faltado profetismo y ubicación ante las supuestas mejoras que se le hacen a la Ley 17", destacó Sanjur.
Añadió el sacerdote que ambas organizaciones se han convertido en "invitados de piedra en la mesa del diálogo" y se colocaron del lado de los ricos y poderosos, adoptando posiciones de apoyo a los métodos establecidos por el facilitador, Salvador Rodríguez.
La reacción de Sanjur surge a raíz del planteamiento del presidente del Comité Ecuménico, el obispo, Pablo Morales, quien responsabiliza en caso de un fracaso a todas las organizaciones que participan en el diálogo.
"Si el diálogo fracasa también lo harían los garantes, quienes han mantenido una posición de silencio total y no han hecho patente su labor desde la perspectiva de la fe cristiana", añadió el párroco de la Iglesia Cristo Servidor de El Crisol.
Sobre el posible fracaso advertido por el obispo Morales, el representante de los docentes en la mesa, Carlos Baltazar afirmó que está positivo de que se logrará el cometido en la mesa y aseguró estar optimista de que habrá una solución mejor.
Mientras el secretario general del SUNTRACS, Genaro López, consideró que en caso de un fracaso los únicos responsables serían el gobierno y las organizaciones que avalan las posiciones gubernamentales.
Por su lado, el director de la Caja de Seguro Social, René Luciani, indicó que siempre se supo que no sería fácil, pero que no hay que perder el optimismo.
Para el facilitador Rodríguez, los planteamiento del obispo Morales se dieron ante la intransigencia del representante del Frente en la reunión del martes.
La mesa del diálogo entró en el eje temático de Invalidez Vejez y Muerte y hasta el momento, no ha logrado escoger el modelo del programa para iniciar la discusión.
Las discusiones del diálogo debe culminar el 31 de octubre y se ha dado un plazo de 15 días adicionales para que el facilitador elabore un informe ejecutivo de los artículos acordado, para presentárselo al presidente de la República, Martín Torrijos.
