La Iglesia Católica panameña catalogó como un "acto loable" que merece el reconocimiento ciudadano, el manejo que le dieron los medios de comunicación social al tema del secuestro de los niños Garrido.
Por medio de una nota publicada en la edición de ayer del diario Panorama Católico, la Iglesia expresó su complacencia por el tratamiento que le dieron los medios de comunicación social a este tema, lo cual contribuyó a recuperar sanos y salvos a los niños secuestrados.
La Iglesia destaca a través de la nota de opinión, que en esta ocasión "privó la conducta ética y el bien común", por encima de la primicia noticiosa. Según la opinión expresada, los medios de comunicación social al mantener la reserva de la información en casos como el que se hace alusión, no le restan valor ni vigencia a la libertad de información y libertad de expresión.
Por medio de la nota se establece que al contrario de afectar la libertad de expresión, se denota la calidad humana, responsabilidad ética y moral que debe existir en los medios de comunicación social.
El pronunciamiento surge ante el manejo de los medios de comunicación al caso, pues tenían conocimiento de que los niños, hijos del abogado Jorge Garrido, habían sido secuestrados pero por compromiso previo, acordaron no divulgar la información, ante la posibilidad de que esto pusiera en riesgo la vida de los infantes.
La Iglesia Católica expresó por esta vía sus felicitaciones a los medios de comunicación social y a la vez hizo votos porque actitudes como ésta, ni se pierdan ni dejen de practicarse.
A través de la nota, la Iglesia expresó que los medios de comunicación social son instituciones sociales que deben manejarse con rectitud de conciencia y buscando la edificación de la sociedad por encima de los fines lucrativos y de poder político o interés sectarios.
Sostuvo que la actividad social de su familiar ha sido reducida, y que la relación con el mundo es sólo estar tirado en una cama y que eso no es justo para pacientes con discapacidades mentales.
Dijo que habían demorado en denunciarlo por temor a que su hijo fuera maltratado, pero que ahora, al no observar mejoría de su familiar y pagando por su atención, se hizo necesario sacar la situación a la luz pública.
Por su parte la directora del Hospital Psiquiátrico, Yadira Boyd, desmintió que en esa institución de salud exista favoritismo para determinado centro privado de atención a pacientes con discapacidades mentales y que esa acusación es de personas que no se quieren hacer responsables de sus pacientes.
Desvinculó al personal médico y administrativo de aplicar una influencia a la hora de recomendar el traslado de un paciente a una casa hogar, y que durante la entrega del documento no existe presión para que la familia acuda a determinado lugar, algo que consideró un "chisme público".
"Estos centros son regentados por la iglesia, otros por médicos y algunos por particulares y existe la oportunidad de escoger, pero nosotros no tenemos nada que ver con la denuncia de supuesta vinculación con una casa hogar en particular", aclaró.
Dijo que hace años, el sistema era cómplice de mantener un reclusorio de pacientes en el hospital, por que muchas familias abandonaban a pacientes sin importarle los derechos que éste tiene como enfermo, incluyendo el derecho de tratarlos sin distinción y con tratamientos humanitarios. Aclaró que los trabajadores sociales de la institución son los responsables de entregar el listado de las casas hogares, pero que no existe preferencia para ninguna en particular.
La doctora explicó que desde el año 2000 con la visita de la Comisión de los Derechos Humanos de la OMS se analizó la política de atender a estos pacientes en Panamá y se consideró que debían hacerse cambios.
Desde ese momento se estableció que los pacientes deben ser atendidos por sus familiares e inició la etapa de reducir la cantidad de internos, por lo que actualmente existen 225 camas y los pacientes activos son 167, de los cuales 37 son agudos, es decir, los que realmente deben estar recluidos en el hospital.
Dijo que estas personas que reclaman atención, años atrás estaban acostumbradas a dejar a su familiar hasta 20 y 30 años en el hospital, lo que ha sido denunciado a la Defensoría del Pueblo por abandono de pacientes. "Que hacen las familias, se llevan al paciente, no le dan el medicamento, el paciente se descompensa y entonces lo trae nuevamente para que lo internemos en el hospital", explicó la directora del psiquiátrico.
Sostuvo que los pacientes de salud mental con buenos medicamentos pueden incorporarse en la sociedad, y que muchos son trabajadores, padres de familia, incluso educadores, por lo que no debe existir la intención de segregar a estas personas de la sociedad, aislándolos en un hospital.
El Psiquiátrico cuenta con un presupuesto de operación de 890 mil balboas, luego del recorte que se le hizo a su presupuesto. Sin embargo destacó, que a pesar de los cambios y la salida de una gran mayoría de los pacientes, se mantiene el mismo personal y sólo han salido los jubilados o removidos.
Según la nueva norma en el Hospital Santo Tomás, hay cuatro pacientes por especialistas, mientras que en el Hospital Psiquiátrico de 35 a 40 por psiquiatra.
La doctora añadió que en varias ocasiones el hospital exonera los medicamentos para estas familias, pero que la nueva política es clara, la atención que brinda es para pacientes de urgencia y de corta estancia, es decir, de unos cuatro meses.
"¿De quién es el pariente?" preguntó la doctora, al mismo tiempo se respondió señalando que "la familia se debe hacer responsable, hay gente que no tiene mucho dinero, apenas si logran mantenerse y atienden a sus pacientes y estas personas que tiene más dinero se quejan".
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