La Conferencia Episcopal Panameña advirtió ayer que el "país vive momentos difíciles, por lo que urge darle un nuevo rumbo" y acabar con la corrupción, los altos niveles de desempleo, la violencia e inseguridad, disminuir la brecha entre ricos y pobres y los excesivos privilegios de los funcionarios.
El arzobispo de Panamá, monseñor José Dimas Cedeño, reconoció que existe "una crisis en el país, a pesar que las autoridades digan que no es así, no se puede negar lo que se ve en un espejo".
Los obispos plantearon que se debe efectuar una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, tanto pública como privada.
"La corrupción en la administración del Estado daña la credibilidad del Gobierno y afecta de manera directa los recursos disponibles para invertir en obras sociales. La corrupción es un verdadero robo a los más pobres", sostuvo la Conferencia.
Agregaron los obispos que el Gobierno debe promover una mayor transparencia y control presupuestario, una mayor eficiencia en su gestión, eliminar los gastos superfluos y limitar los excesivos salarios de muchos altos dignatarios para que sean más cónsonos con la situación de pobreza que vive el país.
Señalaron que el Estado debe reestructurar el presupuesto de la Nación y aumentar los ingresos haciendo el aporte tributario más justo y equitativo.
"Hay que cambiar la actual estructura tributaria que beneficia a quienes más tienen, por un sistema progresivo, de modo que quienes más ingresos o recursos devengan, paguen también una mayor cuota fiscal", argumentaron.
También manifestaron que se debe revisar el Código Electoral con amplia participación ciudadana, e incorporar la libre postulación para los diferentes puestos de elección, el control y la divulgación de las donaciones a los partidos y candidatos, la revocatoria de mandato por gestión popular, y la asignación de curules de manera más representativa.
"La corrupción, el juega vivo nos está invadiendo a todos con el interés de facilitarnos la vida. Esto es muy preocupante", sostienen los obispos
Afirmaron que el Gobierno tiene la obligación moral y legal de implementar la Ley de Carrera Administrativa para garantizar una mayor eficiencia en la administración y asegurar la estabilidad de los servidores públicos.
"Pedimos a todas las parroquias y demás comunidades eclesiales que reflexionen sobre lo aquí expuesto, y asuman los necesarios cambios de conducta persona y eclesial. Les exhortamos a que participen de manera más activa y decisiva en la vida ciudadana, económica y política del país para impulsar el Panamá que todos anhelamos", reitera.
Por su parte, la presidenta de la República, Mireya Moscoso informó que en los próximos días se reunirá con los miembros de la Conferencia Episcopal para tratar estos temas y reafirmar su política de atención a los que menos tienen.
Moscoso se mostró de acuerdo con los postulados de la Iglesia Católica, expuestos en la Carta Pastoral llamada "La Justicia Social de Panamá".
Indicó que varios de los puntos descritos por los obispos coinciden con su Plan de Gobierno "Nuestro Compromiso para el Cambio", por lo que se han adelantado acciones concretas para alcanzar estos objetivos.
Puntualizó su interés en reforzar los valores morales de la población panameña y combatir la corrupción en todas sus formas.
En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, Manuel José Paredes, manifestó que la Iglesia Católica está reflejando el sentir de la población y argumentó que las cosas mejorarán con decisiones serias.
Detalló que el modelo económico que antes funcionó ahora requiere de un cambio que le produzca mejores fuentes de empleo al país.
Coincidió en la necesidad de buscar un consenso para promover los cambios, y a través del acceso a la educación disminuir los marginados y ofrecerle mejores condiciones de trabajo.
Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (CONEP), Carlos Sucre, indicó que lo primordial que el país requiere es reactivar la economía para poder satisfacer las necesidades de la mayor parte de la población.
"Es fundamental que el país crezca a un nivel mayor en su Producto Interno Bruto porque es la única forma de disminuir la pobreza y lograr una mejor distribución de las riquezas", sentenció Sucre.
Sucre consideró que no es el mejor momento para una reforma tributaria por la contracción económica que existe en el país.
Sin embargo, señaló que el sector privado está consciente de algunas necesidades fiscales y de trabajar por la eliminación de la brecha entre los ricos y pobres.
Mientras que la presidenta del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, dijo que los partidos políticos no están facultados para decir a ninguna Iglesia cuál es la línea que deben seguir o la forma en que deben manejarse, igualmente consideran que éstas no pueden decirles la forma en que deben comportarse.
Consideró que el PRD, como el partido más grande de este país, hoy en la oposición, está jugando el papel que le corresponde, lo que hay que ver es si el Ejecutivo hace lo mismo, para entonces hacer las críticas de manera adecuada.
Herrera señaló que el país es responsabilidad de todos, pero hay que tomar en cuenta que el pueblo cada cinco años cuando hay elecciones decide quienes serán las personas que deben dirigir la cosa pública y corresponde al os elegidos determinar la forma en que debe hacerlo.
A la vez señaló que la Iglesia no puede excluir a nadie, ya que si lo hace está incurriendo en los mismos errores que cuestiona al dejar por fuera a las personas que se dedican a la política.
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