La Iglesia expresó ayer su preocupación por el retraso en la aprobación de la ley penitenciaria, luego que la Dirección del Sistema Penitenciario decidiera hacer algunas modificaciones de última hora al anteproyecto de ley que había sido consensuado en la Asamblea Legislativa.
De acuerdo con el sacerdote Alan Mclellan, de la Pastoral Penitenciaria de Colón, las reformas presentadas por la Dirección del Sistema Penitenciario sorprendieron a los diversos sectores involucrados en la materia, porque a su juicio debieron hacerse durante las sesiones de trabajo o las discusiones en primer debate.
Estos cambios, dijo, retrasan la aprobación de este instrumento legal que moderniza las cárceles y que fue consensuado por los sectores involucrados.
Entre las modificaciones al anteproyecto está el mantener la disposición que establece que el director del Sistema Penitenciario sea un cargo de libre nombramiento y remoción del Ministerio de Gobierno y Justicia.
En este sentido, la directora de La Alianza Ciudadana Pro-Justicia Magaly Castillo, quien ha hecho aportes a la nueva ley, objetó esta reforma al considerar que se politiza la escogencia de un cargo que debe ser ocupado por un personal con experiencia y una formación técnica, tal y como se había considerado en el proyecto de ley consensuado.
Mclellan abogó por la aprobación de este proyecto de ley, que busca la modernización del sistema penitenciario y mejorar la condición de los privados de libertad.
Expresó que tal como lo ha señalado la Dirección del Sistema Penitenciario, el proyecto de ley requiere para su aplicación un presupuesto millonario, sin embargo dijo mantener la esperanza de que el factor económico no sea un obstáculo para su aprobación y posterior aplicación.
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