Iglesia recomienda acción diplomática firme

Mientras la Iglesia Católica de Panamá exige al Gobierno panameño una "acción diplomática firme y permanente para proteger a las poblaciones indígenas en la región fronteriza con Colombia, el Centro por la Justicia de Derecho Internacional (CEJIL) recomienda que se permita en la región el acceso a operadores humanitarios, a fin de que puedan realizar su labor de protección y asistencia humanitaria a las poblaciones afectadas.
La Iglesia, a través de su vocero "Panorama Católico", sostiene que las autoridades panameñas deben dejar claramente establecido que la guerra es colombiana y debe mantenerse en ese territorio, y que no son suficientes las medidas para brindar protección y seguridad en la frontera colombo-panameña y los patrullajes conjuntos. Es menester, ser firmes en el campo diplomático para que el Gobierno, las fuerzas guerrilleras y los paramilitares comprendan que deben mantener el conflicto dentro de su territorio.
Panamá, como país pequeño, dice "Panorama Católico", es susceptible de sufrir por lo que ocurre con su vecino mayor. Sostiene que en este caso parece haber pocas soluciones, pero las que se decidan tomar deberán ser contundentes y diáfanas para evitar males mayores.
El editorial se produce a pocas semanas de que grupos irregulares que accionan en territorio colombiano, cerca de la frontera con Panamá, incursionaran en las poblaciones indígenas de Paya y Púcuro, donde torturaron y asesinaron a cuatro miembros de la comunidad y retuvieron por varios días a tres ciudadanos estadounidenses. El semanario sostiene que lo sucedido en Darién, además de triste y doloroso, es el reflejo de una situación que ha hecho crisis después de varias décadas de violencia.
No es un secreto para muchos, que grupos guerrilleros entraban a territorio panameño con el fin de descansar en un sitio alejado del teatro de la guerra y eso ha provocado que "facciones de desalmados se ensaean contra nuestra gente, para disuadirla del trato con los guerrilleros", tornando el panorama "sombrío y sangriento".
En tanto, el CEJIL sostiene que debido a la situación que se vive en la región es necesario adoptar, sin dilación, las medidas necesarias para proteger la vida e integridad física de todas las personas que pertenecen a las comunidades indígenas de Púcuro, Paya y Punusa.
Igualmente, proteger a las personas de nacionalidad colombiana, amparadas por el derecho de solicitar la condición de refugiado, residentes en las zonas afectadas por la incursión paramilitar del 18 de enero del 2003. Recomienda la adopción de mecanismos que aseguren la tramitación de las solicitudes de la condición de refugiado, de tal manera que se garantice un debido proceso y el derecho a solicitar y recibir asilo a nacionales colombianos habitantes de la zona.
Entre otras medidas, se exige investigar los hechos ocurridos con el fin de identificar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes y asegurar las condiciones necesarias para que las personas pertenecientes a las comunidades de Púcuro y Paya, desplazadas a otras zonas del país, puedan regresar a sus hogares con las debidas garantías de seguridad.
Los representantes del gobierno también ofrecieron ejecutar en Paya y Púcuro dos granjas de desarrollo sostenible, la dotación de telas y accesorios indígenas, coordinación para la instalación de sistemas de telefonía y de electricidad y mejoramiento de los acueductos en Paya y Púcuro.
En materia de seguridad, las autoridades prometieron mantener y aumentar el número de unidades policiales fronterizas, que actualmente suman 150. Se incorporarán al sistema de seguridad aquellos residentes que deseen participar, para lo cual serán adiestrados por la Policía Nacional.
Según la propia presidenta, el gobierno prevé contar con ocho helicópteros que en determinado momento puedan patrullar la frontera, para lo cual se están haciendo las cotizaciones, a fin de poder adquirir cuatro nuevas unidades y reparar otras cuatro que están en tierra con diversos desperfectos mecánicos. "Hemos querido demostrarles que les vamos a dar seguridad, que pensamos en ellos y los vamos a cuidar... De ninguna manera estas serán promesas que no se van a cumplir", dijo la presidenta Mireya Moscoso.