A pesar de las recomendaciones que hizo en su momento la Defensoría del Pueblo para que no se trasladara a ningún privado de libertad a la base del Servicio Aeronaval ubicada en Punta Coco, en el extremo sur de la Isla del Rey, el Gobierno Nacional hizo caso omiso.
El pasado 24 de junio los reos José Cossio, Carlos Mosquera y Asael Ramos fueron los primeros detenidos en ser trasladados a esta base sin su consentimiento, así lo manifestó su abogado Félix Humberto Paz.
El jurista denunció en Telemetro Reporta que no existen las garantías mínimas para que sus defendidos puedan estar recluidos en esta base, ya que no cuentan con el derecho a la defensa, toda vez que se encuentran a cientos de kilómetros de la jurisdicción en donde son investigados.
"Lo dije hace tres meses, el privado de libertad debe tener acceso a la salud, comunicación, visitas familiares, a la justicia, al debido proceso y por eso recomendamos que no se realizara ningún traslado", dijo la defensora del pueblo, Lilia Herrera. Anunció que esta semana se iba a trasladar a la isla de Punta Coco para evaluar las condiciones de los reos.
Carlos Lee, representante de la Asamblea Ciudadana, indicó que el Sistema Penitenciario moderno ha recomendado no tener centros penitenciarios dentro de las instalaciones militares. "Si esta base aeronaval tiene una función de carácter militar, ya con eso violan el tema de los derechos humanos de los reos", manifestó Lee.
Aseguró que los detenidos tienen derecho al contacto con su familia y abogado, además a la alimentación y a tener asistencia médica, las cuales el Estado panameño por Constitución y convenio está obligado a garantizarle.
"Yo entiendo que el Gobierno Nacional los ha querido ubicar en ese lugar porque los considera reos peligrosos, pero eso no quiere decir que estén en un lugar con condiciones dignas, aunque sea cumpliendo una condena", sostuvo.
Recordó que Panamá está suscrito a convenios internacionales sobre los derechos humanos en los que se le debe garantizar las condiciones mínimas a un privado de libertad.
Por su parte, el expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos y de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) Roberto Troncoso dijo que de acuerdo con las Naciones Unidas las prisiones en islas no son recomendables para centros de reclusión y no por las condiciones, sino por el acceso a la justicia. "Entre más lejos estás difícilmente puedes acceder a la justicia en momentos en que quieras apelar o ser llamado a declarar sobre un caso en particular", manifestó.
Agregó que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y es por eso que todas las islas alrededor del mundo se siguen cerrando, porque no permiten el acceso a ella y además no cumplen con el requisito mínimo que establecen los centros penitenciarios para privados de libertad.
Troncoso considera que hay un grave problema en la Defensoría del Pueblo porque tiene que jugar su rol y hacerse más presente en este tipo de tema. "En los últimos 5 o 7 años, la Defensoría del Pueblo no ha jugado su rol", añadió.
Policía Nacional tomó la decisión de trasladar a los detenidos
El director del Sistema Penitenciario, Gabriel Pinzón, señaló que por razones de seguridad, ellos trasladaron a los privados de libertad Carlos Mosquera y Asael Ramos a la celda transitoria de la Policía Nacional y después fueron informados de que estos habían sido enviados a la base aeronaval localizada en Punta Coco, en extremo sur de la isla del Rey.
“La PN nos indicó que por razones de seguridad se realizó el traslado y en vista de esto, nosotros enviamos un equipo para que inspeccionara el lugar y ver las condiciones en las que se encuentran los detenidos. Ahora tenemos que esperar los resultados”, señaló.
Félix Humberto Paz, abogado de Mosquera y Ramos, señaló que en su momento solicitó el traslado de sus defendidos a otro centro penitenciario, por falta de seguridad, pero no a la base aeronaval. Ambos estaban recluidos en el pabellón de máxima seguridad en el complejo penitenciario La Nueva Joya.
