En Panamá es difícil detectar la cantidad de armas que se comercializan en el mercado negro, admitió el director institucional de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Gobierno y Justicia, Edgardo Mateo Barsallo.
A nivel nacional se estima que existen cerca de 95 mil armas que han sido registradas legalmente por las instancias correspondientes, pero de manera ilegal hay una cantidad importante que no se puede detectar, pero que se estima en una cantidad aproximada.
A pesar de esa cantidad, el funcionario estimó que el número de armas registradas de forma legal no es alarmante.
Mateo Barsallo reconoció que existe la necesidad de ser más exigente en los requisitos para otorgar un permiso para portar armas.
Gozar de un buen estado de salud mental y presentar factura de las armas, son dos de los requisitos que se piden a las personas que solicitan un permiso para portar armas.
Acotó que entre las reformas que se deben introducir, está un Registro Unico más estricto, así como una clasificación de registros como tenencia, tipos de armas y un registro especial para quienes demuestren ser coleccionistas.
También expuso la necesidad de limitar el número de armas que pueden solicitar las personas interesadas en legalizar la tenencia.
Concretó que en la Dirección Institucional de Seguridad Pública, la Policía Nacional y con el apoyo de la Gobernación de la provincia de Panamá se elabora un proyecto de ley que regula la tenencia de armas de fuego.
Las declaraciones del funcionario se dieron durante la presentación de los expertos argentinos Fabián Moyano y Leonardo Salvini, del Ministerio de Gobierno y Justicia del país suramericano, quienes dictaron un ciclo de conferencias sobre identificación y control de armas livianas y aspectos legales.
El agua tratada podrá ser utilizada para el riego de las áreas verdes comunes, con el consiguiente ahorro de agua potable para toda la comunidad panameña. Un nuevo ejemplo de las constantes medidas de mitigación ambiental que hemos tomado en el desarrollo de este importante proyecto, señaló la fuente consultada.
Además, los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que aprueba la ANAM para todos los proyectos establecen un plan de adecuación y manejo, donde se detallan las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos negativos causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Esto incluye también un seguimiento, evaluación, monitoreo y contingencia como parte del plan de manejo ambiental.
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