El presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa, Vicente Magallón, y el director del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Alex Anel Arroyo, coincidieron ayer en que ya no se puede hacer nada para evitar el incremento de las tarifas telefónicas y hay que esperar hasta el año 2003 para ver si la apertura de la competencia beneficia a los usuarios.
La Comisión de Transporte y el Ente concluyeron ayer una ronda de conversaciones con una reunión a puertas cerradas en la cual se trató de encontrar alternativas que impidieran el incremento de las tarifas, dentro de lo dispuesto en el contrato-ley, pero no fue posible.
Arroyo dijo que él no puede ordenar una rebaja en la tarifa y en la actualidad no hay mecanismo legal identificado que determine que se pueda dar, aunque se sigue buscando, hay que ver cuáles son las ideas que se plantean.
Mientras que el legislador Magallón señaló que el Ente Regulador les informó que en marzo o abril, empezarán las licitaciones públicas para las empresas interesadas en prestar el servicio telefónico, las cuales comenzarían a funcionar el 2 de enero del 2003, fecha en que puede darse una rebaja en las tarifas.
Indicó que las empresas que resulten beneficiadas de estos actos deben iniciar enseguida la instalación de su equipo, a fin de que puedan empezar a prestar el servicio desde la fecha establecida, cuando se inicia la competencia que puede generar una reducción de las tarifas.
El presidente del Ente Regulador dijo que lo que corresponde a los panameños es "ajustarse" en la manera de utilizar el teléfono y tener presente que todo servicio tiene un costo por el cual debe pagar.
En tanto, Rubén Arosemena, presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), indicó que el Estado mantiene una posición "ambigua" en este asunto de las tarifas, ya que juega el papel de regulador de la actividad, pero a la vez es accionista de la compañía, razón por la cual se beneficia del incremento en las tarifas.
Al mismo tiempo manifestó que no es asunto de "echar la pelota" a nadie, sino que el Organo Ejecutivo asuma el liderazgo que le corresponde y se apoye en el Legislativo como lo ordena la ley para estos casos y envíe una propuesta para que sea discutida por la Asamblea.
El legislador arnulfista, José Isabel Blandón Figueroa, señaló que el planteamiento de la presidenta Mireya Moscoso está dirigido a establecer que el PRD ahora busca responsabilizar al Ejecutivo del incremento de las tarifas, cuando fue la Asamblea Legislativa, dominada por este grupo, la que aprobó el contrato que hoy afecta a la mayoría de los panameños.
Si ellos creen que el contrato de concesión o la privatización del entonces INTEL se desarrolló de una manera inadecuada, entonces que propongan soluciones viables.
Por otra parte, el legislador Héctor Alemán, subsecretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) manifestó que cualquier estudiante de derecho sabe que para modificar un convenio de este tipo, se requiere que el Ejecutivo lo envíe a la Asamblea Legislativa.
Alemán dijo que la presidenta debería conocer esto y de no saberlo, sus asesores debieron haberle explicado cuál es el procedimiento con el que se debe cumplir para modificar una norma como ésta.
