Los procesos de impugnaciones y la demora de los magistrados del Tribunal Electoral (TE) en definir esta situación ha provocado que la representatividad de algunas provincias en la Asamblea Nacional sea prácticamente nula.
Uno de los casos a resaltar es el de la provincia de Chiriquí, que de ocho diputados que se deben elegir en el Pleno, actualmente solo tiene tres.
En esta provincia el circuito 4-1, que cuenta con una mayor cantidad de habitantes (144,858) no tiene representación en la Asamblea.
Al igual que en los distritos de Dolega y Boquete, que comprenden el circuito 4-5, donde viven unas 46,472 personas. Además del circuito 4-6, el cual agrupa a las poblaciones de San Félix, San Lorenzo, Remedios y Tolé, donde hay unos 29,748 habitantes .
En el caso de la provincia de Coclé la situación no es diferente y de los cuatro circuitos electorales, el 2-1 y 2-4 no tienen una representación. Incluso en la cabecera de la provincia, en el distrito de Penonomé, donde convergen cerca de 85,737 habitantes, según datos de la Contraloría.
Otro caso semejante es en la provincia de Los Santos, donde dos de sus principales circuitos también fueron sometidos a procesos de impugnación.
En el circuito 7-1, que comprende los distritos de Las Tablas, Guararé, Pocrí y Pedasí, habitan 44,531 personas, y tras experimentar una de sus mayores crisis de agua, no hubo una voz que debatiera sobre la problemática en el principal órgano del Estado.
En esta misma provincia cerca de 44,531 personas esperan el veredicto del Tribunal Electoral; estas se ubican en Macaracas, Los Santos y Tonosí.
El magistrado presidente del Tribunal, Erasmo Pinilla, declaró a mediados de julio pasado que a inicios de septiembre se estarían emitiendo las primeras resoluciones sobre cuáles serían las medidas que adoptarían para cada impugnación.
Sin embargo, esta semana culmina el mes de agosto, y el retraso que ha tenido la entidad ha impedido que se cumpla con lo planificado e incluso con algunos trámites políticos en cada una de las provincias afectadas.
Pese a insistirse a través de correos electrónicos sobre cuál es el estatus de estos procesos, a la fecha la Secretaría de Comunicación del TE no se ha pronunciado al respecto, y se ha limitado en informar que “no existe fecha”.
En las últimas declaraciones de la autoridad electoral se argumentó que la demora se produce por la acumulación de documentos que deben verificar y las evidencias que fueron solicitadas a algunas instituciones públicas, pero que no fueron entregadas.
Mientras, dirigentes de los partidos políticos exigen que se agilice la resolución de este conflicto, el cual ha perjudicado a un número considerable de habitantes.
El secretario general del partido Cambio Democrático (CD), Rómulo Roux, cuestionó que el TE se preste para dar pie a una propuesta de reformas electorales, cuando primero se tienen que resolver los trámites de las impugnaciones que tiene pendientes.
“Hay provincias que no tienen representación en la Asamblea, cuando sabemos que vienen problemas de sequía, de alimentación; por qué no tenemos un diputado del 7-1 y 7-2 representando a todas aquellas personas del área”, criticó el secretario Roux.
Proceso extenso
De los procesos electorales que se han desarrollado después de la llamada era democrática -posterior a 1990-, este ha sido el periodo con mayor número de impugnaciones.
Tras celebrarse las elecciones del 4 de mayo pasado, el Tribunal acogió 74 recursos de impugnación para los cargos de diputados, alcaldes y representantes.
Anteriormente en el 2009, se presentaron 26 impugnaciones, en el 2004 hubo 71 casos, en 1999 cerca de 25 y en 1994 fue impugnada una curul.
En 1990, nueve legislaturas no fueron avaladas, y debió someterse a unas nuevas elecciones para poder juramentarse.
