Una demanda en contra de los artículos 4, 5, 8, 9 y 14 del Decreto Ejecutivo que reglamentó la denominada Ley de Transparencia en la Gestión Pública y la acción de Habeas Data, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada.
El funcionario defendió el derecho que le otorga la ley que creó la Defensoría del Pueblo para interponer este recurso, porque en su opinión los referidos artículos del Decreto, dictado por el Órgano Ejecutivo, se apartan del espíritu, sentido, o núcleo esencial de la Ley 6 de 2002.
Sustentó que de la lectura de la ley se colige que ésta tiene por norte hacer efectivo, sin obstáculos tan arraigados en el habitual comportamiento de nuestras oficinas públicas, el derecho de libre acceso a la información tanto pública como personal, lo que va en contravía, por resultar desconocido por las normas del referido Decreto Ejecutivo.
Tejada exhortó a los tres órganos del Estado a establecer una estrategia pública en la lucha contra la corrupción, a educar a los funcionarios en su deber de rendir cuentas al ciudadano, a proporcionar información durante su gestión y a mejorar la legislación relativa a contrataciones y licitaciones públicas, con miras a obtener una mejor transparencia.
Según Melitón Arrocha, viceministro de Comercio Exterior, esto permitiría incentivar la atracción de inversión extranjera directa que en estos momentos esta ubicada en algunos países del mundo y tiene como destino el mercado de Taiwan.
Arrocha está convencido que el terreno esta abonado para concretar este TLC porque las economías de ambas repúblicas son complementarias y no va a ser una negociación compleja.
