Se lo dice la experiencia. Hace unos años el conductor de un "diablo rojo", al que llamaremos "Carlos", atropelló a una señora y la mató. En medio de alegaciones e intrincados procesos judiciales, fue sentenciado a 18 meses de prisión, pero su defensa siguió dando la batalla y ganó.
A Carlos, consumidor habitual de droga y que con este caso se anotaba otra muerte a su historial, le reemplazaron la cárcel por una multa de B/. 600.
A Harris lo indigna, pero no lo sorprende. De hecho, no cree que el nuevo reglamento de tránsito sea la "aspirina" con que se cure el dolor de cabeza por los conductores desalmados.
El que no haya sanción para los dueños de vehículos que ven el asunto como "un negocio y no como un servicio público", junto a la premura, hace dudar a Harris de la efectividad del documento que se discute actualmente.
"Los buses terminan en manos de menores de edad o consumidores de droga con antecedentes", describe Harris para corroborar lo primero, y en cuanto a lo segundo, "se están copiando normas de otros países".
Por ejemplo, mientras la mayor causa de accidentes de tránsito es la velocidad, las autoridades panameñas han aumentado el límite permitido en los poblados.
Pasó de 40 a 60 kilómetros por hora, lo que en palabras de Harris, "se traduce en 80" porque los conductores suelen rebasar el máximo.
Sugirió paciencia porque el tema del tránsito va "desde educación vial hasta el juzgamiento de los accidentes", lo que precisamente merece atención especial.
Incluso, propone un debate amplio del nuevo reglamento, en el que abogados especializados en el tema opinen, porque a la fecha no se "nos ha consultado".
Mientras, la señora Magali Este se mantiene optimista de que la justicia, tomará cartas en el caso de su hijo.
Hace tres años Brian Wise, de 16 años, hijo mayor de Magali, salió como todos los días a tomar el bus que lo llevaría a su casa, después de la jornada escolar en el Instituto Tecnológico Barú, en vía España. Cuando cruzaba por la línea de seguridad, un "diablo rojo" le cedió el paso, pero otro, que iba a velocidad, lo arrolló.
El accidente le causó lesiones severas en el fémur izquierdo. Requirió ser intervenido y por añadidura, perdió dos bimestres.
Además, Magali tenía que pagar por el cuarto de urgencia, la ambulancia que lo trasladó al Complejo Metropolitano Hospitalario, la habitación donde fue recluido, transporte, rehabilitación.. y otros tantos gastos que no tiene forma de registrar.
Como pudo hizo frente a los compromisos, Brian se recuperó y volvió a clases, pero el proceso legal sigue adelante. Hace un año fue la reconstrucción del caso y están a la espera de audiencia.
En el escenario de las accidentes y las colisiones, los jueces de tránsito conocen de primera mano el libreto de las historias que protagonizan.
La tendencia, explicó al Panamá América, el juez Joaquín Pérez Calderón, es no concurrir a las audiencias de tránsito.
"La explicación podría ser es que ellos están al volante y no van a dejar de ganarse su plata por venir a atender una colisión. Algunos le añaden el ingrediente de la irresponsabilidad", señala.
Pero, igual se realiza la audiencia. Entre las infracciones más más está andar "regateando, ganándole la parada al otro".
Brian tuvo suerte y Magali se lo agradece a Dios. Otros como Ilka Chérigo, de 14 años, atropellada en el 2003 o Catalino Chavarría, de 70 años, quien murió el año pasado, no vivieron para contarlo.
No obstante, la velocidad, autora intelectual de tantas muertes, es apenas un condimento del caldo. Se le suma el mal estado de los buses.
La explicación de que el tren trasero de unos de estos vehículos aparezca de pronto en mitad de la vía o de la carrocería a punto de "desmembrarse" es harto conocida.
Harris volvió a contar la historia con la esperanza de que el mecanismo cambie algún día.
Los famosos "diablos rojos" de Panamá son fabricados en Estados Unidos (EU) específicamente para transportar estudiantes en distancias cortas.
¿Responsabilidad de los propietarios o de las autoridades? Todo indica que de ambos. Heraclio Batista, secretario general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) asegura que se está dando "cumplimiento y seguimiento" a lo establecido en el reglamento en cuanto a revisados a los buses, aunque "sería interesante que fueran reportados a la ATTT los que no están en buen estado".
En el 2005, 21 talleres a nivel nacional fueron suspendido.
La Contraloría registra un parque vehicular total en el país de 400 mil vehículos, de los cuales 26 mil son taxis (7%) y 7 mil son buses (2%).
El 92% de los autos que circulan por el territorio nacional son particulares y sólo el 9% es transporte público (buses y taxis). Con el 9% de los vehículos se estima que ocasionan el 43% de los accidentes.