Agrega el informe que dos de los casos auditados "estimulan la impunidad y agravan la percepción de corrupción que existe en el país".
En el caso de la liberación de Henao Montoya, la Alianza sostiene que es preocupante la actitud complaciente del sistema de justicia en casos de mucha gravedad como éste.
Manifiesta que el no tener un mecanismo de control jurisdiccional de la conducta de los jueces, crea "un ambiente propicio para la corrupción".
"Las insinuaciones realizadas por el magistrado Arjona, unidas a esta auditoría de los fallos, son suficientes elementos para crear las dudas razonables de que algo no anda bien en el sistema de justicia", plantea.
La Alianza está compuesta por la Comisión de Justicia y Paz, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, el Colegio de Abogados, la Fundación Libertad Ciudadana, el Centro de Asistencia Popular, la Unión Nacional de Abogados, la Universidad Santa María La Antigua, la Universidad Latinanomericana de Ciencia y Tecnología, el Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, la Unión de Ciudadanas de Panamá, la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, el Centro de Investigación y de Atención al Niño, la Universidad para la Paz, el Colegio Nacional de Periodistas y el Consejo Panameño por los Derechos Humanos.