El gobierno de Panamá consideró este jueves como "inapropiada" la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) de entablar una demanda contra el Estado panameño por la supuesta violación de los derechos humanos de 270 servidores públicos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aclaró en un comunicado que la decisión de la Comisión fue inapropiada porque se tomó "sin las formalidades que requieren las actuaciones de un organismo interamericano".
Añadió que tampoco se tuvo en cuenta "que este mismo asunto había sido tratado en 1993 por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, acordó continuar con los trámites del caso número 11.325 iniciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, contra el Estado panameño, en relación con la aplicación de la Ley 25 de 1990.
La decisión de la Corte significa que próximamente debe llevarse a cabo una audiencia para debatir los argumentos de fondo expuestos por la Comisión en su escrito de demanda, a fin de emitir en su oportunidad una sentencia final, según la cancillería panameña.
Añadió que el Estado panameño sustentará en la audiencia su posición de que "son infundados los cargos de supuesta violación de derechos humanos de un grupo de servidores públicos".
El caso, identificado como "Ricardo Baena y otros", es analizado por la Corte, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con sede en San José, desde el 16 de enero del año pasado.
Los 270 trabajadores, de instituciones públicas panameñas, luego privatizadas, fueron despedidos arbitrariamente, según la denuncia, tras ser acusados por el Gobierno del entonces presidente Guillermo Endara (1990-1994) de intentar derrocarlo.
Los trabajadores participaron en una marcha de protesta y reivindicativa de sus derechos el 4 de diciembre de 1990, que coincidió con un movimiento de descontento de la Fuerza Pública.
El pasado mes de junio representantes de los 270 trabajadores panameños denunciaron ante la CIDH la existencia de "maniobras" impulsadas por el gobierno del entonces presidente Ernesto Pérez Balladares para retrasar la sentencia en el caso.
En esa ocasión, los representantes pidieron a la actual presidenta Mireya Moscoso que se interesara en el caso y les diera su ayuda para resolver este problema que ya tiene más de diez años.
