Incapacidad impide análisis de políticas criminológicas

Ni siquiera el análisis de las posibles iniciativas que contribuirían a minimizar la ola de criminalidad que azota al país, escapa de la burocracia e incapacidad de los organismos que deben ejecutarlas.
Ello, debido a que mientras se impulsa una nueva ley para aumentar las penas a menores homicidas, una comisión intersectorial integrada por siete entidades gubernamentales, y nombrada por el Ejecutivo hace más de 115 días, aún no ha efectuado ni una reunión para estudiar el tema.
Peor aún, todas las instancias involucradas desconocen quién debe hacer la convocatoria.
El pasado miércoles la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Aida C. de Palacios, criticó las iniciativas que buscan sancionar penalmente a los menores como si fueran adultos, cuando ni siquiera se habían analizado alternativas para la aplicación de políticas en materia de criminología.
El Panamá América contactó a representantes de las distintas entidades que integran la Comisión Intersectorial de Alto Nivel, pero la respuesta obtenida en gran parte de las instituciones fue la misma, un desconocimiento de a quién compete hacer la convocatoria.
Esto, pese a que el decreto Ejecutivo No. 66 de 5 de abril de 2002, que creó la Comisión Intersectorial, establecía un plazo de 90 días para que el organismo rindiera su informe a la presidenta de la República.
Cabe destacar que la norma, que involucra en el plan a los máximos representantes del Ministerio de Gobierno y Justicia, la Asamblea Legislativa, la Procuraduría de la Nación, la Policía Técnica Judicial, la Universidad de Panamá, el Instituto de Criminología y el Sistema Penitenciario, fue modificado por el Decreto 128 del 29 de mayo de 2002 para incorporar a la Policía Nacional.
Sin embargo, desde este último documento ya han transcurrido 71 días sin que aún se defina la primera fecha de reunión.
La iniciativa ejecutiva que crea la Comisión Intersectorial para el desarrollo de políticas criminológicas surgió de una solicitud hecha por el rector de la Universidad a la presidenta Mireya Moscoso, luego que en octubre de 2001 se desarrolló en la casa de estudios superiores la Primera Jornada Científica sobre Criminalidad y Seguridad Ciudadana: Evaluación y Propuestas.