La Corte Suprema de Justicia debe declarar "inconstitucional" la resolución ejecutiva que exonera a la Panama Ports Company (PPC) del pago de más de mil millones de balboas, a cambio de una inversión de B/.200 millones, afirmó el ex magistrado César Quintero.
Indicó que la Corte siempre está pensando en casos concretos como pleitos, que son mucho más positivos y jugosos que esas cosas abstractas de inconstitucionalidades, por lo cual solicitó que la demanda presentada en contra de la resolución se resuelva rápido.
Explicó que un contrato ley se puede derogar por un decreto ley, el cual requiere la autorización previa o un decreto de gabinete que sólo lo puede dictar el Ejecutivo cuando no hay Asamblea.
"Esto quiere decir que por medio de una resolución ejecutiva no se puede derogar una ley. Eso hay que resolverlo ya", destacó.
Esa resolución, expresó, no es válida, ya que no se puede derogar, cambiar o modificar un contrato ley por medio de una resolución ejecutiva.
Quintero cuestionó además la forma cómo en los últimos gobiernos se han venido aprobando concesiones y acuerdos, a través de contratos-ley. "Eso de los contratos ley, esa es otra modalidad rara en nuestro país", sentenció.
Las declaraciones de Quintero se dan luego que la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa se negara a prohijar un anteproyecto de ley que pretendía derogar la resolución ejecutiva del Ministerio de Comercio que equiparó los beneficios, exoneraciones e incentivos otorgados a las concesiones portuarias.
Legisladores de la bancada de oposición, liderados por la parlamentaria Teresita de Arias, interpusieron un recurso de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución ejecutiva.
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