Toda la documentación sobre los casos de indemnización a las empresas afectadas por la privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal es conocida por las autoridades competentes, y como es de carácter público, están a disposición de toda la ciudadanía, dijo ayer el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rubén Reyna.
"Todas las Resoluciones de Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá que fijan los montos de indemnización han sido refrendadas por la Contraloría General de la República", declaró Reyna, a través de un comunicado oficial.
Recordó que el Consejo Económico Nacional (CENA), en reunión celebrada el 20 de julio de 1999, emitió "opinión favorable" para el pago de las indemnizaciones a las empresas afectadas por la privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal, excluyendo el pago de la indemnización laboral.
Agregó que el Consejo de Gabinete emitió a su vez, concepto favorable al pago de la indemnización correspondiente a la empresa KMRG, cuyo monto "excede los 2 millones de balboas".
Según Reyna, la junta directiva de la AMP nombró una Subcomisión de Indemnización integrada por tres de sus directivos (Iván G. González V., Fotys Lymberópulos y Pamela García), para evaluar las peticiones correspondientes a las utilidades no percibidas de las empresas afectadas, lo cual consta en actas.
Añadió que debido al proceso de privatización de los puertos de Balboa y Cristóbal, en marzo de 1997, fueron declarados resueltos por utilidad pública, los contratos de concesión y arrendamiento suscritos por la ex Autoridad Portuaria Nacional (APN).
"La Ley 5 de 16 de enero de 1997, por la cual se aprueba el contrato entre el Estado y la empresa Panamá Ports Company S.A., establece que el Estado es el único responsable por el pago de compensaciones y/o indemnizaciones que resulten del desalojo de las áreas concesionadas a dicha empresa. Sin embargo, la Ley no contempla los parámetros para la determinación de una indemnización", sostuvo Reyna.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
