Las administraciones gubernamentales parecen no escarmentar. Un fallo internacional en contra del Estado panameño obligó al Gobierno a desembolsar recientemente B/. 8 millones para los 270 funcionarios despedidos por la Ley No. 25 durante el Gobierno de Guillermo Endara. Todo indica que una situación similar volvería a tocar las puertas del Palacio de Las Garzas.
Y hay más, los B/. 8 millones, según dijo a El Panamá América, Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), son apenas el principio. Otros B/. 39 millones están pendientes de pago.
Ocurre que en la actualidad unos 1,000 casos de despidos en el sector público reposan en la Junta de Apelación y Conciliación de la Dirección de Carrera Administrativa desde 1999.
Al respecto, Berrocal añade que tal como expresa la Ley de Carrera Administrativa en su artículo 160, "la Junta de Apelación y Conciliación cuenta con un periodo de hasta tres meses improrrogables para dictar su decisión en los casos sometidos a su solución. En caso de no haber fallado en el término descrito, se considerará resuelta la petición a favor del apelante".
Siendo así, podría repetirse la historia de los 270 trabajadores destituidos por la Ley 25. "Se trata de salarios dejados de percibir hace cinco años que en una modesta mediana de B/. 500 de emolumento mensual a cada uno de los 1,000 empleados, se traduce en una cifra millonaria".
Lo peor, agrega Berrocal, es que si se hubiesen respetado los procedimientos establecidos en la ley, que hasta el momento ha sido "un homenaje a la desidia", ello no hubiese pasado.
Allí no acaba todo. Sucede que al ordenarse el reintegro de los trabajadores afectados, subraya Berrocal, el servidor público vuelve a su puesto y se encuentra con "un invasor", quien al establecerse prioridades, quedará fuera y ahora con la posibilidad de demandar a la autoridad nominadora que lo "colocó violentando el procedimiento establecido en la norma para reclutar recurso humano".
El dirigente fue enfático al exigir que se ordene "la administración del Estado porque no se pueden seguir haciendo nombramientos y despidos antojadizos", al tiempo que advierte "si seguimos con el anacrónico criterio del clientelismo político seguiremos enviando señales de subdesarrollo, pues no se garantiza que el Estado se quedará con la gente más idónea".
Desde el pasado 2 de mayo, hasta la fecha, unos 2 mil funcionarios han sido despedidos, según informes de FENASEP.
Pero durante la administración de la presidenta Mireya Moscoso se ha destituido entre 25 y 30 mil servidores públicos, cifra que se considera la más alta en los últimos periodos gubernamentales.
