Tras conmemorarse 12 años de la represión que sufrieron los campesinos de Cerro Pelado y el pueblo Ngöbe Buglé, en el gobierno del expresidente Ernesto Pérez Balladares por oponerse a los proyectos hidroeléctricos en el río Tabasará, sus actuales dirigentes responsabilizaron al Gobierno de cualquier hecho lamentable en estas áreas, si no se anula la concesión para estos proyectos.
Los quejosos mostraron estudios que indican que los embalses pueden producir daños irreversibles al ambiente, deslizamientos de tierra y afectaciones a los que viven y trabajan en el área afectada por los proyectos.
Las cifras indican que en Panamá hay 1,730 personas refugiadas.
