El Congreso General Kuna mostró su preocupación por el anteproyecto de ley por el cual se crea el Ministerio de Asuntos Indígenas, por considerar que puede anular los avances significativos alcanzados por los pueblos indígenas, al tiempo que solicitó que sea ampliamente comentado y corregido a fondo por todos los sectores involucrados.
Un comunicado de prensa --firmado por el secretario del Congreso, Williams Pérez-manifiesta el interés de esta organización para que la iniciativa no anule sus avances y conquistas, porque todo acto o proyecto que distraiga la consecución de su autonomía será negativo para los indígenas.
Dijo que su organización ha manifestado en diversas ocasiones que toda iniciativa con relación a los pueblos indígenas debe venir después de la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Destacó que es del conocimiento de la comunidad nacional que cada grupo indígena panameño tiene sus normas, unas internas, otras creadas en el marco del Estado.
Normalmente, las leyes inspiradas y establecidas de acuerdo a los valores culturales de los indígenas siempre han reflejado sus necesidades reales y sentidas, y han estado amparadas en sus procesos históricos, mientras que las leyes nacionales hechas para este grupo, "nunca han reconocido nuestra autonomía", ni las luchas y aspiraciones integrales, sino de manera muy marginal y conflictiva.
Pérez indicó que ellos tienen sobrada experiencia sobre la consecución y defensa de sus derechos por lo que resulta necesario conocer bajo qué orientación y visión se manejarán los asuntos indígenas y si los patrones que se seguirán son centralizados y paternalistas, de subordinación o de reconocimiento de las aspiraciones como pueblos diversos en ritmo, proyección, avance y grados de autonomía.
Manifestó que el Título I, Artículo I del referido anteproyecto establece que el Ministerio tendrá la finalidad de proteger, amparar, desarrollar y garantizar la participación auténtica de los indígenas, en el que, a su juicio, existe una recarga exagerada de proteccionismo, paternalismo y tutelaje que va en contra de las etapas de autonomía y autodeterminación logradas por los pueblos indígenas.
Pérez señaló que el anteproyecto traslada a una estructura gubernamental importantes funciones de los Congresos Generales Indígenas, por lo que cuestiona qué va a pasar con estos organismo, y si tendrán que someterse a la obediencia de la verticalidad y centralización del sistema de gobierno.
Igual preocupación les produce el artículo que hace referencia al presupuesto para el funcionamiento del Ministerio, donde se afirma que formará parte de éste "además de todos los fondos provenientes de proyectos nacionales e internacionales dirigidos a los pueblos indígenas". Consideran esta propuesta como inaceptable y obsoleta, porque estos grupos ya han logrado un trato directo con las agencias de cooperación y desarrollo y eliminar los intermediarios paternalistas, que surgen de ideologías prejuiciadas y racistas.
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