Aspectos como convertir la concesión minera en un derecho real y eliminar el consentimiento previo de los pueblos indígenas antes de otorgar una explotación, son algunos de los puntos sensitivos dentro de las reformas al Código de Recursos Minerales.
De acuerdo con Héctor Huertas de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), se realizan una serie de consultas que son coordinadas por la Universidad de Montana para efectuar reformas al Código Minero. Indicó que al eliminarse el consentimiento previo se atenta contra la propiedad colectiva de los pueblos indígenas.
Argumentó que el 60% del territorio de las comarcas indígenas ha sido otorgado en concesión para explotación minera, pero no se ha logrado un gran desarrollo debido a que el Código Minero está obsoleto. Otros puntos objeto de análisis son la participación real de los beneficios y el que los estudios de impacto ambiental sean elaborados por personas independientes y aborden el aspecto cultural.
El proyecto de reformas tiene como objeto agilizar el otorgamiento de concesiones mineras, evitando la discrecionalidad de las autoridades; transformar la actual Dirección General de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias en una entidad con mayor autonomía y jerarquía dentro de la escala administrativa.
También asegura la participación y consulta de las comunidades (indígenas y rurales) en la evaluación de los impactos ambientales mineros, y garantizar que reviertan los beneficios económicos a la explotación.
Se propone que la naturaleza jurídica de la concesión minera sea la de un derecho real inmueble, independiente del dominio del predio superficial. Además se consagra la autonomía de la titularidad de la concesión con respecto al Estado, sujeto a las limitaciones constitucionales.
