Las comunidades indígenas kunas y emberás que habitan las comarcas de Madungandí exigen al gobierno que cumpla con la palabra empeñada de titular las tierras y sacar de las mismas a colonos campesinos que están apoderándose de extensas áreas.
En un comunicado las comunidades kunas y emberás reclaman que el Gobierno Nacional debe cumplir con la titulación y legalización de las tierras antes que se realice la pavimentación de la carretera.
Horacio Rivera, asesor de las comunidades kunas, denunció que los colonos se han ido apoderando de tierras que forman parte de la comarca de Madungandí, pero el Gobierno Nacional no ha hecho nada para buscar una solución a este problema.
Si no se busca un correctivo a esta invasión, los indígenas cerrarán la vía Panamericana para llamar la atención, inclusive del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismo que también formó parte del compromiso con la comunidad indígena.
El mayor problema se enfrenta en comunidades como Loma Bonita, Curtí, Tortí, Ipetí y Piriatí, entre otras, y tiene que ver con la propiedad de los emberás, donde aún no hay un título colectivo de sus tierras.
El comunicado recuerda que el gobierno se comprometió a indemnizar a los indígenas como consecuencia de la inundación de tierras para crear el Lago Bayano, legalizar las tierras a favor de las comunidades desplazadas y evitar la invasión de las tierras, pero aún no se han cumplido estos puntos.
Ante la situación, próximamente se realizará un congreso general Kuna de Madungandí donde se tomarán decisiones concernientes a la invasión por parte de los colonos.
Igualmente se advierte que se proseguirá con la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación a los derechos humanos de las comunidades kunas y emberás.
De acuerdo con Salazar, el inspector Muñoz fue nombrado por medio de un contrato donde cobra por quincena un 10% de lo que recauda. "El inspector cobra con una libreta numerada los sábados y domingos y el lunes tiene que rendir un informe al tesorero que verifica los recibos con el dinero entregado".
El dinero recaudado dijo, va directo a los fondos del municipio para obras sociales a fin de apoyar a los comedores escolares y el deporte, entre otras actividades, y también para la limpieza de las playas.
Aunque Salazar asegura que se utiliza ese dinero para pagarle a varios funcionarios de limpieza, policía y otros, el inspector de la propia playa Hernán Roberto Muñoz, expresó su molestia porque han pasado tres meses y no se le ha pagado el trabajo que ha hecho durante este verano.
Para la Procuradora de la Administración, el control fiscal de los municipios en la Contraloría tiene que vigilar que los recursos de los municipios se manejen como debe ser y se utilicen para las actividades y los servicios que la comunidad necesita.
De acuerdo con Aquilina Muñoz, corregidora de San José de San Carlos, los dineros son fiscalizados por la tesorera de la Junta Comunal, quien envía el control a Contraloría en Chame. La Tesorería informa de los ingresos y egresos de esos recursos. "Tenemos que hacer un informe de los gastos, por mes, del dinero que se usa para obras sociales, e incluso rendimos un informe a la comunidad de lo que se recauda y lo que se gasta", destacó.
En este sentido, de acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá, (UNCUREPA) Pedro Acosta, debe haber un control fiscal más estricto donde se compruebe que los dineros que cobraron sean utilizados para fines específicos. "Porque las quejas de los usuarios son que las playas siguen sucias, los estacionamientos no sirven, les roban en los carros; te cobran un dinero que nadie sabe a dónde va a dar".
Lo cierto es que se está cobrando una tarifa en estas playas, considerada por los bañistas como muy alta y las mejoras brillan por su ausencia. Quienes asisten a los balnearios esperan disfrutar de una playa limpia y con las comodidades básicas que se merecen.
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