La Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP) ha organizado, del 9 al 13 de octubre, actividades para resaltar su lucha en los 511 años de colonización española. Las jornadas conmemorativas se iniciarán el jueves 9 de octubre a las 6:00 p.m. con la inauguración de actos por parte de mujeres kunas.
La jornada incluye danzas, presentaciones culturales y teatrales en las que participarán diferentes agrupaciones indígenas y se entregarán pergaminos de honor al mérito a representantes de las etnias. El 10 se iniciará en horas de la mañana el Foro Nacional de los Pueblos Indígenas y el 11 habrá una feria en la plaza de la Lotería.
El 12 de octubre una marcha partirá de la Plaza Porras hacia la Presidencia, en la que los indígenas entregarán un pliego de peticiones a la presidenta Mireya Moscoso.
De esta forma queda reconocida la autonomía de la Universidad de Panamá. Pero aclara que esta autonomía implica la regulación de su régimen interno, tener su patrimonio propio y tomar las decisiones en la dirección apropiada administrando los bienes de la Universidad.
Afortunadamente, sostiene, esta situación ha quedado claramente delimitada entre el procurador de la Nación y el rector de la Universidad de Panamá.
El jurista explica que la interpretación que en principio presentó el procurador, si bien se respeta, no es compartida porque se aleja mucho de la hermenéutica legal y lo que se prevé para este tipo de circunstancias.
En situaciones irregulares previa autorización de la máxima autoridad universitaria o cumpliendo con los procedimientos exigidos por ley y a través de órdenes de autoridad correspondiente podrán realizarse las diligencias del caso, sostiene el presidente del Colegio de Abogados. Pero, ¿qué quiere decir la ley con autoridades correspondientes? Pues bien, a su entender las autoridades correspondientes son las correccionales o de Policía.
En los hechos suscitados recientes lo que provocó el conflicto y el uso indiscriminado de la fuerza fue el cierre de la Vía Transístmica por parte de los universitarios y otras personas que suelen introducirse en estas demostraciones. Inmediatamente a ello, voceros del Gobierno hacen declaraciones en el que advierten que cualquier persona que realice el cierre de calles se pondría a disposición del Ministerio Público.
Pero si bien los detenidos fueron puestos a órdenes de esta entidad, el Fiscal Auxiliar como correspondía los puso a órdenes de los juzgados nocturnos que no son subordinados del Ministerio Público, sino que forman parte de las instancias correccionales de Policía. Esta acción, sostiene Vásquez, significó el reconocimiento en la práctica que los hechos que provocan cierres de calles y quizás algunos daños a transeúntes corresponden ser atendidos para su sanción a las autoridades correccionales de Policía.
En este caso la ley garantizó que no se permitiese la inviolabilidad de las instalaciones de la Universidad sin razones justificadas y las únicas que se dieron por lo menos no eran de competencia del Ministerio Público, pues no existía delito alguno.
Al Ministerio Público por mandato constitucional y por ley le corresponde la atribución de perseguir delitos. Y los hechos que se dieron en los linderos de la Universidad estaban dentro del marco de las faltas administrativas, por lo tanto no era dable impartir ninguna orden para intervenir en la Universidad.
Y además sería ir en contra de la vibrante lucha y a las notables ejecutorias en defensa de la autonomía universitaria de destacados hombres y juristas como Narciso Garay, César Quintero y Octavio Méndez Pereira.
La Ley Orgánica de la Caja del Seguro social (Ley 134 de 27 de abril de 1943) señala en su artículo primero la autonomía de la entidad. "La Caja de Seguro Social es una entidad de derecho público, autónoma en lo administrativo, en lo funcional, en lo económico, en lo financiero, con personería propia, patrimonio propio, con derecho a administrarlo, fondos separados, independientes del Gobierno central". Pero esta autonomía al igual que la de la Universidad de Panamá y la del Canal de Panamá, no es absoluta, dijo Cruz.
Rogelio Cruz destacó que no puede haber privatización del Seguro, porque para eso se tendría que hacer una reforma constitucional, y crear una ley que privatice la CSS sería inconstitucional.
