La insistencia de los ngäbes y buglés porque no se formulen cargos contra los detenidos y dirigentes de la coordinadora que participaron en las protestas de la última semana, entorpeció el diálogo que mantienen desde hace cuatro días los indígenas con el Gobierno para tratar de llegar a un acuerdo sobre cómo quedará el régimen de protección de los recursos minerales e hídricos de la comarca.
La reanudación del debate estaba prevista para las 10:00 a.m., pero no fue hasta la 1:40 p.m. cuando se reinició con una petición de la coordinadora para reunirse con el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, para que les certificara que no habrá persecución contra los dirigentes indígenas.
Esta reunión se pidió, luego de que el secretario de la coordinadora, Ausencio Palacios, leyera un informe de inteligencia del Ministerio de Seguridad, en el cual se advertía que los indígenas que protestaban en la vía Interamericana estaban armados con revólveres, escopetas, bombas incendiarias y que estaban siendo apoyados por opositores y grupos estudiantiles de izquierda, vinculados a la guerrilla colombiana.
Agregó la nota, que una vez se lograra controlar la protesta, se procediera a formular cargos contra 20 personas, entre las que estaban la cacica general, los dirigentes de la coordinadora y políticos, por alteración del orden público y daños contra los bienes públicos y la propiedad privada.
El encuentro con el procurador se logró concertar para que se realizara ayer mismo en la sede de la Arquidiócesis.
A su salida de la reunión, el procurador Ayú Prado aseguró que no se han formulado cargos, ni se han ordenado detenciones contra nadie por los sucesos de Chiriquí y Veraguas, pero que las investigaciones que se iniciaron para esclarecer los hechos, como el incendio del Cuartel de la Policía en Volcán, así como las muertes de Jerónimo Rodríguez y Mauricio Méndez, no se cerrarán.
Ayú Prado dijo que el cumplimiento del acuerdo de San Lorenzo no es de carácter obligatorio para las autoridades judiciales y que lo han tomado como una solicitud de las partes que firmaron el documento.
Por su parte, el fiscal Auxiliar, Dimas Guevara, quien también participó en la reunión, informó que uno de los expedientes es manejado por el sistema penal acusatorio de Veraguas, mientras que la Fiscalía de Chiriquí ya le remitió el suyo y actualmente lo tiene su despacho.
También se acordó que en forma simultánea en la asamblea se reuniera una subcomisión integrada por dos integrantes de cada parte involucrada para tratar de conciliar una propuesta unificada con relación a las iniciativas presentadas tanto por el Gobierno como por la coordinadora sobre las hidroeléctricas. Allí se redactó un documento donde el Gobierno acepta que las futuras concesiones hidroeléctricas se sometan a un referendo, pero la propuesta aún no ha sido firmada por los indígenas.
