Ante el limbo en que se encuentran las discusiones para establecer un nuevo tope salarial mínimo, el presidente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), Rafael Stanziola, expuso al ministro de Trabajo, Joaquín José Vallarino III, diversas razones que, a su juicio, evidencian la inconveniencia de aplicar la medida.
A través de una carta dirigida al titular de Trabajo, Stanziola expuso que el salario mínimo panameño es el más alto de América Latina.
Tomando como fundamento un informe de la Comisión Técnica designada para evaluar el salario mínimo, el industrial expuso que se ha producido una leve reducción en el costo de la canasta básica familiar, lo que no justifica un aumento.
De acuerdo con Stanziola, en Panamá el salario mínimo no se establece en base a la productividad, lo que hace que el país pierda eficiencia y competitividad en sus mercados internos y de exportación, frente a los productos que provienen del extranjero.
Agrega que esa situación a su vez provoca la pérdida de riqueza interna y de puestos de trabajo.
"Si no se incentiva la productividad, los costos de producción seguirán aumentando, la rentabilidad de las empresas seguirá disminuyendo, se incrementará el desempleo, lo cual hará más difícil la situación que actualmente confronta el sector productivo del país", expone el presidente del SIP en su nota.
El Panamá América trató anoche de conseguir una reacción de los principales dirigentes obreros del país ante este pronunciamiento del SIP hecho público ayer en la tarde, pero los celulares de estas personas estaban apagados.
El colegiado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) emitió un comunicado la semana pasada repudiando la decisión del sector privado de cerrar las negociaciones de la Comisión Tripartita del Salario Mínimo sin un acuerdo al respecto.
De acuerdo con la jueza Mariscal, el desacato se sanciona hasta con 30 días de prisión. En algunos casos, la persona paga la pensión por cuota y se le levanta el desacato, pero en otros hay que aplicarles una orden de arresto y al día siguiente el dinero aparece, "lo que indica que sí es una medida efectiva hoy por hoy".
Frente a estos casos, los jueces son los que deben facilitar la tramitación de estos procesos cuando la persona está en niveles de discapacidad o de invalidez y si no tiene parientes, se le nombra a una persona que le resuelva el proceso. Si los hijos se niegan, se les puede dictar orden de conducción, aseguró la magistrada del Tribunal Superior de Familia, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
"La ley puede ir a obligarlos por medio de las autoridades competentes", afirmó la magistrada. Para Troitiño, estos casos se presentan en todas las clases sociales "y no existe una estadística porque son problemas que dejamos pasar y no le damos importancia a la captación de información que se requiere". Según de Troitiño, los fallos son determinantes. Los hijos tienen que cumplir en materia de alimento y si es maltrato lo condenan porque son delitos.
Sobre el establecimiento de las pensiones, éstas se establecen en proporción a las necesidades del demandante, a sus ingresos y a las responsabilidades de los hijos con sus familias y si a su vez, éstos tienen hijos en edad escolar.
En los casos que ha atendido la jueza Mariscal, los hijos no se han negado a dar aportes económicos u otro tipo de ayuda, sino que lo hacen de acuerdo con sus posibilidades por las obligaciones en sus hogares.
La trabajadora social en estos casos es quien verifica la situación antes de tomar una decisión, aseguró. Aunque es común la solicitud de pensiones, la de padres a hijos no es el grueso; es más común niños con padres irresponsables, porque puede darse el caso de que ya estos mayores tengan jubilación, destaca la jueza Mariscal.
Para la magistrada Troitiño, estas demandas no constituyen el grueso por el hecho de que los padres como adultos se llenan de orgullo y prefieren pasar hambre antes de entablar una batalla legal. Pero la situación de los adultos mayores abarca más que petición de pensiones alimenticias por situación de insolvencia. Según la jueza Mariscal, hay que diferenciarlo de la situación de los ancianos en estado de riesgo social, los cuales el Ministerio de la Familia refiere a los juzgados, porque ya han investigado la condición, han remitido una evaluación y el siguiente paso es colocarlos en un hogar.
Según la Dra. Zulema de Sucre, Directora Nacional de Adultos Mayores del Ministerio de la Familia, allí reciben muchas denuncias y solicitudes de apoyo por parte de padres ya mayores. Consideran la negligencia y la falta de atención hacia las personas mayores, ya sea que no se les preste ninguna clase de ayuda económica o afectiva, como abandono y ésta es una forma de maltrato psicológico, aseguró la Dra. Sucre.
Sobre la forma como se enteran de los casos, un 50% es por denuncias y el otro es porque los adultos mayores acuden al ministerio. "Vienen a diario, pero los lunes, jueves y viernes son los días que más personas recibimos", informó Sucre.
Señala que ya sea por denuncias de vecinos, llamadas anónimas o denuncias personales, se llena un formulario que lleva el nombre de la persona afectada, sus datos generales y las personas que puedan dar referencia.
Un trabajador social de turno toma el caso y programa la visita domiciliaria. Cada caso tiene un informe social, evaluaciones psicológicas, si lo amerita; información de la persona afectada, de los miembros de la familia, de los vecinos y de quienes sean necesarios para establecer una evaluación social por parte del ministerio, aseguró.
Cuando la evaluación está completa, con las sugerencias y recomendaciones del ministerio, se remite al fiscal de los juzgados de Familia. "Cuando vemos que es un padre que se ha dedicado a sus hijos, los ha educado y después los hijos dicen: ´yo no puedo porque ya me casé´ y no se hacen responsables, allí en las sugerencias somos severos y solicitamos que se establezca una pensión", asegura la Dra. Sucre.
La Dra. Sucre explica que la mayoría de los que acuden a pedir ayuda, no tiene jubilación ni plan de seguridad social. Los adultos mayores jubilados denuncian algún tipo de violencia o expropiación de bienes.
También sucede que hay hijos que, al igual que sus padres, no tienen ningún tipo de ingreso. "Esto es complejo. Cada caso tiene su propia naturaleza. No te puedo decir que hay una receta de cocina, dependiendo de la evaluación, así es el plan de acción", aseguró
Como estos procesos legales muchas veces se extienden, el Ministerio de la Juventud tiene varios programas para atender a esta población. Menciona la Dra. Sucre que los hay para resolver la necesidad alimenticia, de vivienda, medicamentos u de otra índole.
Los comedores San Vicente de Paúl y Luz y Vida, garantizan el desayuno y almuerzo de los adultos mayores. Con el subsidio que les da el Ministerio de la Juventud los comedores deben referirles un 30% de los cupos.
"Si la persona no tiene a nadie, o si el nivel de pobreza no se los permite, los ingresamos al Hogar Bolívar, subsidiado por el Ministerio, y es el que nos está dando la mayor cantidad de cupos", explicó. Allí le garantizan alojamiento, atención médica, comida, así como programas socio recreativos y deportivos, que incluyen natación, fisioterapia acuática, terapia ocupacional, juegos de cartas y de mesa. Esta es una labor coordinada entre el ministerio, el Instituto Nacional de Deporte (INDE) y el Hogar Bolívar.
Hay casos de señores que se les ha ingresado por bajo peso y a los meses se les ve muy recuperados porque tienen la atención, pero hay otros en los que el estado de abandono y maltrato es tan extremo, que se les interna en un hospital y una vez recuperados se les ingresa en el Hogar Bolívar.
Uno de esos casos es el de la señora Marta, a quien dejaban 36 horas sin comer. Aquí al ministerio han llegado personas acompañando a un abuelito y lo abandonan. Los dejan sentados con la excusa de que van al baño y se esfuman. Ha ocurrido que a las cuatro de la tarde han encontrado abuelos en las sillas de espera y ellos no saben quiénes son, ni siquiera dónde están, afirma la Dra. Sucre.
"A esa hora tenemos que llamar a las monjitas. Son cosas muy duras. Tienes que poner ese abuelo en los hogares", exclamó. En los pasillos de la institución ha visto caminar con dificultad a abuelitos en busca de ayuda. Cuenta el caso de un señor que salió de su hogar porque ya no soportaba el trato. Su hija se burlaba de él y le decía "que quién le iba hacer caso a un viejo loco".
El señor, con una pierna amputada, contaba que no le daban comida. Con insistencia decía que ya no podía regresar a esa casa. El trabajador social fue con él a su casa y el señor firmó una nota, recogió sus pertenencias y hoy está en un hogar, recuperado y feliz.
Una llamada telefónica alertó sobre la situación de maltrato de una señora. Las descripciones de lo que le hacían a la abuelita requirió de la intervención de un corregidor. Este era un caso que no podía esperar, afirma Sucre.
Se buscó una orden del corregidor para abrir la casa porque la señora estaba encerrada y hubo que allanar la vivienda. Cuando la sacaron, sin conocer al funcionario, dijo: "Yo me voy con usted". Las pertenencias cabían en una pequeña bolsa; no tenía zapatos. La evaluación médica reveló que padecía tuberculosis e insuficiencia cardiaca. Era Marta, una mujer alta, pero su peso promediaba las 90 libras, inferior a su talla, comenta la Dra. Sucre.
Estuvo hospitalizada y ahora está en el Hogar Bolívar. "¡Gracias a Dios! que se le pudo ayudar porque difícilmente, en esas condiciones, hubiera soportado más tiempo", exclamó. Cuando llegó el funcionario la señora dijo: "usted es un ángel que Dios me lo mandó de tanto yo rezar".
La doctora hace un alto en medio del relato. Frente a su escritorio, tiene unos archivadores. En uno de ellos está la imagen de Cristo Jesús. Su mirada cada vez que recordaba estas historias se dirigía hacia ese rincón. En señal de que las acciones de muchos hijos son inconcebibles, coloca sus manos sobre su frente, seguidas de un gesto desaprobador viendo al Cristo.
"Por eso lo tengo allí. Yo lo miro y le digo: ¿por qué pasan estas cosas?, no lo entiendo". Como la acción produciría una reacción, al día siguiente el hijo de la señora llegó a su despacho y le preguntó que ¿quién le iba a pagar su cerradura? "Nunca me preguntó por su madre, sino quién le iba a pagar su cerradura", afirmó desconcertada.
La acusaron de haberles violado sus derechos cuando ellos son los que han violado la integridad de la señora. "Ustedes son unos delincuentes", les respondió la doctora esa mañana en su despacho. La esposa del señor le dio las gracias a ella y al ministerio porque le habían quitado una carga, iba a tener bienestar porque la señora era un estorbo.
Los vecinos denunciaron la situación porque un día la señora se escapó y el hijo la fue a buscar en su auto. La llevó amarrada en plena lluvia, él en el auto y la señora amarrada. Según los vecinos, la bañaban desnuda, amarrada en el patio. Ahora está feliz y recuperada... Le afecta escuchar el nombre de su hijo.
La situación del adulto mayor "es difícil, es compleja", no sólo por la pobreza, sino por la falta de valores familiares, del respeto a los padres y a los abuelos. Se necesita una campaña de valores. Es un problema complejo, recalcó la fuente.
"Creo que es la crisis de valores que está viviendo la sociedad", porque hay hijos que pueden y no ayudan a sus padres; en cambio hay hogares pobres que son modelo y vienen aquí a solicitar algún tipo de ayuda que ellos no pueden suplir, afirmó.
Entre esas peticiones están leche, silla de ruedas, medicamentos, camas, pañales desechables, entre otros. También se reciben denuncias de maltrato de parte de uno de los hermanos que acusa al otro de maltratar a sus padres. En esta situación se investiga y se comprueba la denuncia.
La mayoría de las veces, el denunciante no quiere hacerse cargo de sus padres. La doctora Sucre considera que el presupuesto asignado es muy pobre para los problemas que se atienden, y aunque tratan de divulgar más los servicios que prestan para beneficio de los adultos mayores, se tropiezan con la carencia de fondos para ello.
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