En una mesa de ocho metros de largo y cuatro de ancho, Esteban Aldeano ofrece en venta guandú, aguacate y saril en plena central de Calidonia, donde los peatones también se tropiezan suéteres, gorras, correas y hasta celulares de las marcas más reconocidas.
A pesar de que en la transitada vía la actividad comercial no es la misma de hace años, Aldeano busca legalizar sin éxito su estatus comercial con el Municipio de Panamá, ya que forma parte de los 1030 vendedores informales que operan sin permiso en la central de Calidonia y Santa Ana.
Por lo menos, esa fue la cifra que arrojó el último censo que realizó el departamento de Servicios Legales de la Alcaldía de Panamá en julio pasado.
Al otro lado de la vía, en la esquina de Calle Q, está Juan García. Igual que Aldeano paga puntual dos dólares mensuales al Sindicado de Buhoneros de Panamá para que le tramite su legalización.
Su local, en el que ofrece agujas, bolsas, anteojos y accesorios de celulares, sobresale en la servidumbre pública en donde cayó el helicóptero SAN 100, aquel 29 de mayo de 2008.
Afiliados.
En total, unos 800 vendedores informales están registrados en el Sindicato de Buhoneros de Panamá, pero solo la mitad dispone del permiso para operar bajo la modalidad del comercio informal que otorga el Municipio de Panamá.
Juan Jiménez, presidente del Sindicato de Buhoneros, aceptó que en los últimos años se dio un crecimiento desproporcionado de la buhonería, debido a la falta de oportunidades laborales. “Existe un desorden porque muchos no pagan ni tienen intenciones de legalizarse, sobre todo los extranjeros”, comentó.
Bajo la administración del exalcalde Bosco Ricardo Vallarino se acordó que unos 100 expedientes serían aprobados, pero también se anunció la realización de operativos para regular la actividad, así como sanciones y la eliminación de aquellos puestos ubicados en la servidumbre pública de manera ilegal.
De ese total, solo se tramitaron 62 solicitudes que ahora están trancadas hasta que la alcaldesa Roxana Méndez defina su política sobre el tema.
Jiménez detalló que envió una nota a la alcaldesa, a fin de reunirse para pedir que se continúe cuanto antes con el proceso de legalización que mantiene en la incertidumbre a un grupo de trabajadores informales.
El Acuerdo 20 de 25 de junio de 1985, en su Artículo 1 establece que para instalar un quiosco o puesto de venta fijo o ambulante de mercancías, comidas, refrescos, frutas, legumbres, verduras u otros artículos, los interesados deben solicitar el permiso a la Junta Comunal del corregimiento donde funcionará y posteriormente tramitarlo en la Alcaldía de Panamá.
En diciembre de 2010, 50 locales ubicados ilegalmente se inhabilitaron con el ánimo de regular la actividad que arropa el terreno en Calidonia. Las sanciones para nacionales y extranjeros establecidas en la ley van de 50 dólares hasta 5 mil dólares.
Los comerciantes se amparan en que el nivel de desempleo que se mantiene los lleva a buscar alternativas de ingresos para el sustento familiar.
